“Acuda a su Centro de Salud para aportar NIE/Pasaporte actualizado. Dispone de 30 días para seguir de alta en Tarjeta Sanitaria”. Así era el SMS enviado automáticamente desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a miles de personas migrantes residentes en la región. A lo largo de la semana pasada, el mensaje se fue replicando en los dispositivos móviles.

La Consejería de Sanidad justificó el envío masivo ante la necesidad de actualizar sus bases de datos, pero la amenaza de quitar el derecho a la sanidad al final del mensaje hizo saltar todas las alarmas. Que un requerimiento técnico acabe con la pérdida de un derecho universal como la sanidad pública es algo que ha preocupado a varias organizaciones y expertos.

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Marita, 34 años, fue una de las afectadas por este mensaje. “Estaba haciendo mis tareas diarias y de golpe te llega ese mensaje al móvil. Primero piensas que es falso, pero al preguntar y saber que es cierto, me quedé sin saber qué hacer”, relata la mujer. La joven primero tuvo que averiguar el motivo de un mensaje tan ambiguo, y luego acudió a su centro de salud: “Menos mal que me encontré con una persona que me pudo ayudar, ya otras veces no me habían ayudado o me hacían preguntas que no sabía ni qué responder. Creo que no son las formas adecuadas”, denuncia la ciudadana peruana.

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La Consejería de Sanidad, tras la polémica, emitió un comunicado en el que se disculpaba ante posibles malentendidos. “Entendemos que, dado que el número de caracteres disponibles en el SMS es muy limitado, no es posible ofrecer una explicación detallada y el mensaje puede malinterpretarse. Lamentamos si ha podido producir malestar en algún ciudadano hasta que haya podido consultarlo con algún profesional. Por nuestra parte hemos remitido información completa al respecto a todos los Centros de Salud, a los servicios de información ciudadana y también respondido todas las consultas que desde algunas organizaciones se nos han planteado”, apuntaban fuentes de la Consejería a Público.

Imagen del SMS enviado desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Imagen del SMS enviado desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Críticas desde las asociaciones
Varias asociaciones han querido mostrar su disconformidad con el SMS del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La Asociación científica y profesional de trabajadores y trabajadoras (AMaSaP), la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar (SEMAP), la Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM) y la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC), denunciaban los hechos: “Aunque la Consejería de Sanidad asegura que no perderán el acceso a la sanidad, el mensaje genera confusión y temor. Exigimos a la Consejería de Sanidad garantizar una comunicación clara, eliminar trabas burocráticas y asegurar la sanidad para todas las personas. El acceso a la salud es un derecho fundamental que no debe verse limitado por mensajes ambiguos o procesos administrativos innecesarios”, dicen en comunicado conjunto.

Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, vivió en primera persona la llegada del SMS a través de uno de sus hijos: “Estamos ante otro racistada de Ayuso. Atemorizar a las personas migrantes con retirarles la tarjeta sanitaria, saltándose a la torera la universalidad de sanidad pública que recuperó el presidente Sánchez. Ni compasión ha tenido con los niños migrantes que están bajo su protección. Las familias que los acogemos recibimos el mismo miserable SMS”, asegura la socialista.

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Como trasfondo de este conflicto está el derecho universal a la sanidad pública. La sanidad pública perdió su carácter universal durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el Real Decreto 16/2012, medida que afectó de forma directa a 900.000 personas residentes en España. Pedro Sánchez hizo una restauración a traves del Real Decreto-ley 7/2018 y aseguraba “el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad”. Sin embargo, la reforma dejaba que las comunidades autónomas fijaran “el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial”. Esto ha traído consigo problemas, especialmente en Madrid, donde se han puesto trabas al principio de universalidad. Por ahora, todos los casos que han acabado ante la Justicia han dado la razón a los pacientes, a los que se reconocía su derecho de ser atendidos.

Marta Carmona, diputada de Más Madrid y portavoz en materia sanitaria, no cree la versión de la Consejería de Sanidad: “Disfrazan de requerimiento administrativo una maniobra para detectar a toda aquella persona a la que puedan despojar de asistencia sanitaria”, puesto que “si de verdad tuvieran interés en actualizar los datos, los pedirían también a ciudadanos con DNI”.

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Morales explica además cómo se han complicado los trámites burocráticos para el acceso universal a la sanidad en Madrid. “En mi centro de salud me indicaron que si no llevaba el NIE renovado de mi niña, la darían de baja de la tarjeta sanitaria. Ante mi desesperación me ofrecieron que, cuando se fuera a agotar el plazo, podían intentar hablar con la central de aseguramientos para explicar mi caso concreto. En cuanto he tenido el NIE nuevo, he acudido al centro de salud. Este es el Madrid de Ayuso, el del sálvese quien tenga”, zanja la diputada.