Aragón es la única comunidad autónoma que no ha facilitado los datos de menores migrantes requeridos por decreto ley desde el Gobierno de España y la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, no ha dudado en atacar este miércoles al presidente Jorge Azcón por ello. La también ministra y portavoz ha criticado la “irresponsabilidad” de esta decisión y ha vaticinado que la comunidad va a vivir “un copia y pega del pacto del Ventorro”, en relación al acuerdo de Mazón con Vox en Valencia para los Presupuestos autonómicos de 2025.

Desde Andorra, donde ha visitado el Centro Ocupacional que la asociación ATADI con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Alegría ha cargado contra el jefe del Ejecutivo aragonés. “Quien sigue mandando y dictando las órdenes aunque sea desde fuera del Gobierno es Vox, Azcón atiende a lo que mandata la ultraderecha”, ha valorado.

“Hablamos de un real decreto debatido y trabajado durante meses, que buscar dar respuesta desde una óptica de solidaridad y de humanidad ha añadido la dirigente socialista. Hablamos de niños menores de edad. En toda España, tras la invasión de Rusa a Ucrania, se han escolarizado más de 35.000 niños ucranianos en las distintas comunidades autónomas. Ha habido una actitud proactiva por parte de todas. ¿El problema es que tienen un color de piel diferente?”, se ha preguntado Alegría.

También el ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, se ha referido a la cuestión este miércoles, aprovechando su visita a localidad altoaragonesa de Binéfar. “Hay que dar una respuesta solidaria nacional [al problema]”, ha apuntado López, que ha reclamado a Azcón “solidaridad” y ha defendido los “criterios y baremos” del Gobierno de España para el reparto de menores.

Desde el Gobierno de Aragón, la respuesta ha correspondido a la consejera de Bienestar Social y Familia. Carmen Susín ha insistido en los argumentos del Ejecutivo popular y ha reafirmado que va a recurrir “absolutamente todos los actos administrativos” que deriven del decreto de reparto de los menores migrantes, que ven “inconstitucional”.

Durante una visita en Zaragoza al Centro Especial CEDES, de la Fundación Carmen Fernández Céspedes, Susín ha defendido que el decreto “quiebra el principio de igualdad entre los españoles” e “invade competencias de carácter autonómico”. “Es obligación del Gobierno de Aragón defender nuestro Estatuto de Autonomía y las competencias exclusivas”, ha sentenciado.

La responsable autonómica ha cargado contra el Gobierno central, señalando que está “gobernando al dictado de un prófugo de la justicia en Bruselas”, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, y permitiendo que partidos como Bildu o Junts condicionen las políticas migratorias. “No vamos a permitir que un partido racista y xenófobo decida sobre las políticas de Aragón”, ha subrayado, en referencia a los nacionalistas catalanes.

“Un debate de principios”
“Que se lo haga mirar”, ha dicho, en referencia a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien acusó al Gobierno de Azcón de “abrazar a Vox” por negarse a dar datos de los menores atendidos, como sí que hicieron el resto de comunidades, excepto Madrid.

La consejera ha rechazado que la negativa a presentar datos sea un problema de información, insistiendo en que “no es un debate de datos, sino de principios”. “Lo que queremos para los niños españoles en el sistema de protección debe ser lo mismo para todos los niños”, ha concluido.

En cuanto a que la gran mayoría de las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, sí que hayan ofrecido esos datos, la consejera ha manifestado que “Aragón tiene la obligación de defender su autonomía” y eso es lo que está haciendo su ejecutivo. “No entro a valorar lo que hagan otras Comunidades Autónomas”, ha remachado.