Martes 31 de marzo. Ese era el plazo límite que tenían las Comunidades Autónomas para remitirle al Ministerio de Juventud infancia los datos sobre el número de menores no acompaños en su territorio un requisito para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Como confirmó este martes la ministra, Sira Rego, Aragón ha sido la única comunidad autónoma en no aportar sus cifras al Ejecutivo y “en algunos casos”, como la Comunidad de Madrid, han aportado “datos generales”. En palabras Rego, se ha producido “una asimetría” en las informaciones recibidas, algo que “dificulta la realización de la propuesta y protocolo de traslados de acogida para el sistema global”.

Rego no descarta que las reticencias de algunas comunidades a la hora de facilitar los datos pueda deberse a ciertos intereses. “Creo que la única intencionalidad política que puede haber tiene más que ver con una cuestión ideológica profundamente ligada a cuestiones racistas”, ha declarado la ministra.

Desde hoy, los servicios técnicos de la Dirección General de Infancia se encuentran trabajando con los datos que, confirman, les han sido transmitidos de manera “fiable”. A las comunidades cuyos datos se corresponden “con una interpretación algo diferente a lo que dicta el Real Decreto” contarán “con unos días para aclarar esos datos”.

Este es el caso de la Comunidad de Madrid. Según Rego, los datos enviados por la Comunidad se corresponden con una información “demasiado general” que no responden a las demandas ministeriales. Así, los datos del ejecutivo madrileño reflejan el número total de menores migrantes no acompañados que han pasado por el territorio a lo largo del año 2024, pero no los que aún permanecen en él, como demandaba el ministerio.

Una de las situaciones más preocupantes es la de los 1.000 menores migrantes no acompañados y solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Son el 22,73% de los 4400 menores que el Gobierno de Sánchez planea distribuir desde las islas y Ceuta. Desde el 26 de marzo, la Administración del Estado ha iniciado una cuenta atrás de 10 días para garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores que, a cargo de los servicios de protección de esta comunidad, hayan solicitado asilo, según lo acordado por el Tribunal Supremo.

La disparidad en la distribución ha generado presiones políticas, especialmente entre las 11 regiones gobernadas por el Partido Popular que, en marzo, ya denunciaron estar sobrepasando la capacidad de sus centros.

Verano, fecha clave
El Real Decreto debe convalidarse en el Congreso y el Ministerio de Infancia ha de elaborar una propuesta con los datos que le han facilitado las comunidades. En el caso de aquellas sin datos actualizados, el Ejecutivo trabajará con los últimos que tiene, relativos a diciembre del 2023. Rego se muestra confiada en que “en torno al verano” se puedan llevar a cabo los primeros traslados de menores.

La semana que viene se producirán “dos hitos importantes”. A principios de semana, se producirá una reunión interministerial de inmigración para “acabar de configurar el grupo de trabajo” que desarrollará el Real Decreto. Además, el jueves 10 de abril, la convalidación del Real Decreto para la reforma de la Ley de Extranjería para hacer efectivos los traslados.

Una cuestión urgente y fuente de tensiones que tiene como fin garantizar una distribución eficiente de los menores no acompañados en todo el territorio nacional. “Es estrictamente humanitario, un interés superior de los derechos de la infancia. Da la sensación es que Vox sigue gobernando en algunos territorios” ha afirmado.