Kilmar Abrego García está de vuelta en El Salvador, de donde huyó con 16 años en el 2011 por las amenazas de las bandas criminales y el peligro que corría su vida. Está de regreso en su país, pero en la infame cárcel a la que Estados Unidos ha enviado a presuntos delincuentes, en no pocas ocasiones identificados como tales por sus tatuajes, aplicando una ley marcial del siglo XVIII.

En verdad, Abrego, hasta ahora residente en Maryland, empleado en una empresa, casado con una ciudadana estadounidense y padre de un hijo de cinco años con problemas psíquicos, no estaba en la lista inicial. Figuraba como “alternativo”. Así que, cuando excluyeron del vuelo a varios por diversas razones, a él le dieron sitio el pasado 15 de marzo en ese avión destinado al infierno en la tierra.

La administración Trump admitió, en documentación judicial entregada este lunes y desvelada este martes por The Atlantic, que había cometido un error al enviar a Abrego a El Salvador, puesto que disponía de una orden de protección que impedía su expulsión de Estados Unidos.

El abogado reclama al tribunal que ordene el regreso de su patrocinado
Sin embargo, igual que la Administración aceptó el yerro por esa deportación, a la que calificó de “accidental” y de “error administrativo”, perseveró en el mismo y se opuso a pedir que el salvadoreño retorne a su hogar en Maryland. El gobierno sostuvo que no piensa enmendar la equivocación con el argumento de que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción una vez que esa persona ya está en el país centroamericano.

Todo apunta que es el primer caso en que la Casa Blanca reconoce un fallo entre los pasajeros de sus tres aviones de inmigrantes que aterrizaron en El Salvador para que los metieran en el Centro de Internamiento de Terroristas.

Lee también
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, participa en una redada contra simpapeles
Francesc Peirón
Horizontal
Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego, reclamó al tribunal que ordene a la administración Trump el regreso de su patrocinado y, si es necesario, que ordene congelar el pago al ejecutivo salvadoreño de los seis millones de dólares anuales concedidos por EE.UU. por encarcelar a deportados.

A Abrego no se le ha imputado delito alguno en EE.UU., recalcó su letrado. La administración Trump no alegó que él tuviera antecedentes penales, aunque lo describió como “un peligro para la comunidad” y miembro activo de la banda MS-13, agrupación criminal salvadoreña que el presidente estadounidense ha clasificado como organización terrorista extranjera.

La policía no le identificó como miembro de la MS-13
Todo esto arranca en el 2019, cuando Abrego y otros tres inmigrantes indocumentados fueron detenidos en el aparcamiento de un área comercial por un detective del cuerpo policial del condado de Prince George. En el interrogatorio, uno de los hombres aseguró que Abrego era de una banda, sin ofrecer prueba alguna y el agente no le creyó, a partir de lo recogido en la documentación. La policía no le identificó como miembro de la MS-13.

Aunque no hubo cargos, su caso fue reportado al ICE y afrontó una posible deportación. Frente a la acusación del gobierno de que un informante lo había identificado como pandillero, pese a la descalificación policial, la familia contrato un abogado y se opuso a la deportación. El resultado de este proceso es que recibió el estatus de protección.

Esto no le abrió la senda que le llevara a ser un residente permanente, pero si que significaba que el gobierno no podía deportarlo a su país, por el peligro que suponía para su integridad física.

Desde entonces no tuvo contacto alguno con las fuerzas de la ley, dijo su defensor. Trabajaba a tiempo completo como aprendiz sindicalizado en un taller chapa metálica, cumplió con los requerimientos anuales del ICE y cuidó de su hijo, incapaz de comunicarse verbalmente.

El pasado 12 de marzo acudió a casa de su suegra al salir de trabajar a recoger a su niño. Una vez salió de ahí, los agentes de inmigración (ICE) le hicieron parar su coche y le informaron que su estatus de protección se había modificado. Estuvieron esperando hasta que su mujer llegó para hacerse cargo del niño. A él lo esposaron. Dos días después lo transfirieron a un centro de detención de Texas junto a otros inmigrantes para ser enviados a El Salvador.

Lee también
El gobierno Trump quiere la pena de muerte para Luigi Mangione
Francesc Peirón
El gobierno Trump quiere la pena de muerte para Luigi Mangione
Suni Williams y Butch Wilmore aseguran que volverían a subirse a la nave de Boeing que falló
Francesc Peirón
De izquierda a derecha, los astronautas Suni Williams, Nick Hague y Butch Wilmore durante una entrevista 2025
Su familia no ha podido contactar con él
Su familia no ha podido contactar con él. Su mujer lo localizó, por los tatuajes y cicatrices, en las fotografías publicadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele el día 16, tras la orden de un juez estadounidense de frenar esos vuelos. “Ooopsie…, demasiado tarde”, se burló Bukele de la orden judicial en un mensaje que colgó en X.

El gobierno reiteró este lunes ante el tribunal la solicitud de desestimar el caso por múltiples motivos, entre estos que “la primacía del presidente Trump en asuntos exteriores” supera los intereses de Abrego y su familia. “Si esto es cierto, las leyes de inmigración carecen de sentido porque el gobierno puede deportar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera y ningún tribunal puede hacer nada cuando se ha llevado a cabo”, denunció el letrado Sandoval-Moshenberg en The Atlantic.

“ICE tenía conocimiento de esta concesión de retención de expulsión en el momento de la deportación de Abrego García. Se hizo referencia a esta situación en el formulario interno”, reiteraron al juez los abogados del gobierno. Matizaron que, pese a saltarse las normas, todo se hizo “de buena fe”.