Un juez federal impidió el viernes a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportar a migrantes a países con los que no tenían ninguna relación sin darles la oportunidad de presentar alegaciones de que se enfrentarían a persecución o tortura si eran enviados allí.

El juez de distrito estadounidense Brian Murphy en Boston emitió una orden de restricción temporal a nivel nacional diseñada para proteger a los migrantes sujetos a órdenes finales de expulsión de ser deportados rápidamente a países distintos de los que ya habían sido identificados durante los procedimientos de inmigración.

La administración Trump horas más tarde apeló la decisión, con un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos diciendo que “no se debe permitir que ningún juez activista no elegido usurpe el poder ejecutivo especialmente en asuntos de seguridad nacional”.

La decisión de Murphy se produjo a raíz de una demanda presentada por un grupo de inmigrantes representados por defensores de los derechos de los inmigrantes. La demanda impugnaba una política adoptada recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para acelerar la deportación de miles de inmigrantes que habían sido puestos en libertad.

La directiva del 18 de febrero ordenaba a los agentes que revisaran todos los casos de estas personas, incluidas las que habían cumplido las condiciones de su puesta en libertad, para volver a detenerlas y expulsarlas a un tercer país.

Los abogados de los migrantes argumentaron que esta política exponía a un número incalculable de personas al riesgo de ser deportadas a países en los que podrían correr peligro, sin avisarles ni darles la oportunidad de presentar una solicitud basada en el temor.

Murphy, designado por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, señaló que bajo la Convención contra la Tortura, los migrantes tienen protecciones contra ser expulsados a países donde enfrentan la probabilidad de tortura. “Si su posición hoy es que no tenemos que darles ningún aviso, y podemos enviarlos a cualquier país que no sea el país al que el tribunal de inmigración ha dicho que no, eso es algo muy sorprendente de escuchar al Gobierno”, le dijo a un abogado del Departamento de Justicia.

Con ese argumento, prohibió a la administración deportar a cualquier persona de Estados Unidos a un país distinto del designado para la expulsión en los procedimientos de inmigración sin proporcionarles una notificación por escrito y una “oportunidad significativa” de presentar una reclamación basada en el miedo.

“Nos alivia que el juez haya visto la urgencia de esta situación, tanto para nuestros demandantes como para otras personas en situación similar”, declaró Trina Realmuto, abogada de los inmigrantes de la National Immigration Litigation Alliance.