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El Gobierno está estudiando cómo distribuir por España a los mil menores que piden asilo en Canarias después de que el Tribunal Supremo le haya obligado a hacerse cargo de ellos. El tiempo se agota porque tendrá que tenerlos a todos ubicados y bien protegidos en menos de una semana. El Alto Tribunal, en su auto del miércoles, dio un plazo improrrogable de 10 días para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema nacional de acogida de protección internacional de los menores que actualmente están en centros de Canarias. Quedan ocho días y no está claro quién se va a hace cargo de ellos, aunque todo apunta a que serán distribuidos por las comunidades autónomas, tal y como dieron a entender ayer tres fuentes del Gobierno.

Los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Interior, Política Territorial y Juventud e Infancia se reunieron ayer para trabajar en la «concreción» del auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que acordó esta medida cautelar a instancia del Gobierno de Canarias porque los menores se encuentran en centros de acogida autonómicos y no están pudiendo acceder, como los migrantes adultos, a los recursos del sistema nacional de protección.

El TS coincidió con Canarias en que tienen derecho a este sistema nacional de protección y en que las actuaciones del Gobierno deben desarrollarse bajo el principio del interés superior del menor. La Abogacía del Estado, por su parte, se había opuesto a la petición canaria, al sostener que la competencia exclusiva para atender a los menores no acompañados solicitantes de asilo es de las comunidades autónomas.

Fuentes del Ministerio de Inclusión explican que el Gobierno se encuentra analizando la resolución judicial «para ver cómo dar cumplimiento» y «se está viendo cómo aplicar las medidas cautelares». En otras palabras, aún no se ha decidido cómo dar cumplimiento al auto, que se está «valorando y analizando».

¿Interés del menor o interés del migrante?
Las mismas fuentes reconocen que el sistema de acogida del Estado para solicitantes de asilo «está pensado para mayores de edad o familias, sobre todo mujeres con niños pequeños», pero no para menores que han llegado solos a España. «Hasta ahora había prevalecido el interés del menor sobre el migrante», indican, y por eso los NNAMNA (niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados) están ubicados en centros autonómicos de acogida de menores.

Sin embargo, el Gobierno «sigue defendiendo» el pacto con Junts que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada para repartir a los menores por las CCAA «como herramienta que da una respuesta estructural, solidaria y equitativa a la situación de las comunidades de primeras llegadas». « Esta herramienta respeta los derechos de estos menores en cumplimiento de las competencias de las comunidades autónomas, que son de las que depende su protección», añaden las fuentes del Ministerio que dirige Elma Saiz.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también apeló ayer en Torrent (Valencia) al decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que será convalidado el próximo 10 de abril en el Congreso de los Diputados, dando a entender por dónde va a ir su decisión sobre estos mil niños y adolescentes: «Antes de que el Supremo se manifestase, el Gobierno aprobó el real decreto ley para distribuir tanto a menores que han solicitado asilo como a los que no. Esa resolución es posterior a una modificación legislativa», dijo.

Igualmente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, incluyó ayer a los mil menores dentro de los 4.400 que se derivarán a las CCAA en virtud del mencionado decreto. Durante un acto del Instituto de la Juventud, Rego defendió esta norma como una herramienta «rigurosa».

Puede interpretarse que el auto del Supremo permite el reparto por las CCAA, aunque le haya encomendado la tarea al Gobierno, porque admite «una concurrencia competencial de ambas administraciones, estatal y autonómica», en la doble condición de menor (competencia de las CCAA) y de solicitante de asilo (competencia del Estado). También la ONG Andalucía Acoge defendió ayer que «son menores antes que migrantes y por eso debe primarse su incorporación a los sistemas de menores de las CCAA» y abogó por una «responsabilidad compartida».

El problema es que hay CCAA que se resisten a acoger a estos menores y el Estado debe garantizar que están bien. Y en un plazo de ocho días