El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido este miércoles presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de extranjería pactada entre el Gobierno central y Junts, que modifica los criterios para la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno ha ordenado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid impugnar ante el Constitucional el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo, que establece la reubicación de 4.400 menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, mientras que limita a una treintena los que serán acogidos en Catalunya.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha criticado que la Comunidad de Madrid no permitirá “seguir tolerando” un reparto “discrecional” de menores migrantes, pactado con Junts con el “único objetivo de asegurar los siete votos necesarios para mantenerse en la Moncloa”.

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Según el modelo de reparto, la Comunidad de Madrid debería acoger entre 700 y 800 menores migrantes. Sin embargo, el portavoz regional ha advertido que los centros de la región ya están “sobresaturados, con una ocupación superior al 150% de su capacidad”, por lo que será necesario habilitar nuevos espacios, entre ellos el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada.

Califican el decreto de “inconstitucional”
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe en el que califica el decreto de “inconstitucional”, al considerar que vulnera varios artículos de la Constitución de 1978 e invade competencias “exclusivas” del Ejecutivo regional. Según el documento, la recepción y acogida inicial de menores migrantes corresponde a las comunidades autónomas que tengan asumidas estas competencias en materia de protección y tutela de menores.

Asimismo, el informe señala que el decreto “vulnera el principio de solidaridad y lealtad entre administraciones”, ya que los criterios de reparto “carecen de justificación y han sido establecidos sin consultar a las comunidades autónomas”.

El Gobierno regional sostiene que el decreto vulnera los derechos fundamentales de los menores al “desplazarlos según cuotas subjetivas, sin priorizar la garantía de su asistencia”. Además, denuncia que también se incumple el principio constitucional de autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que el Ejecutivo central no garantiza los recursos económicos necesarios para atender adecuadamente a los menores reubicados.

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El Gobierno de Ayuso también argumenta que la reforma debería haberse tramitado mediante una ley orgánica, en lugar de un Real Decreto-ley, al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos, en virtud de los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución Española. Además, cuestiona la justificación de “extraordinaria y urgente necesidad” para su aprobación, señalando que el propio decreto reconoce que el problema migratorio de los menores lleva al menos ocho años existiendo.

Mar Espinar denuncia el “desdicho” de Ayuso
Según datos del Ejecutivo autonómico, la Comunidad de Madrid ha prestado atención a 10.618 menores migrantes no acompañados desde 2019, de los cuales 937 han sido atendidos en lo que va de 2025.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado en declaraciones a los medios que la presidenta regional se haya “desdicho” de su compromiso, recordando que en el último pleno aseguró que “cumpliría la ley”.

Mar Espinar: “El tono de Ayuso cada vez adquiere tintes más racistas”

“Ayuso no tiene palabra y el tono de sus declaraciones cada vez adquiere tintes más racistas”, ha añadido la portavoz socialista, quien ha subrayado que, sin embargo, el Gobierno madrileño no tuvo “ningún problema en acoger a ucranianos”.

Canarias se personará en el recurso de Madrid
Canarias se unirá al recurso presentado por el Gobierno de Madrid ante el Constitucional en relación con la derivación de menores migrantes no acompañados, ya que, según ha declarado el presidente Fernando Clavijo, está firmemente convencido de la legalidad de la norma.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, el presidente canario ha subrayado que, tras la aprobación del real decreto-ley por el Consejo de Ministros, ya había afirmado que “la protección jurídica está suficientemente garantizada como para no temer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad”.

Clavijo ha añadido que, si alguna comunidad autónoma considera que se lesionan sus intereses, tiene la opción de acudir a los tribunales, tal como lo hizo Canarias en el caso de los menores susceptibles de solicitar asilo y protección, una acción en la que el Tribunal Supremo le dio la razón.

En relación con la reubicación de menores y el recurso anunciado por Madrid, Clavijo ha afirmado: “Nos vamos a personar porque estamos firmemente convencidos de la legalidad y la constitucionalidad de esta norma”, y ha agregado que los servicios jurídicos de la comunidad han acreditado “en todo momento” la validez de la normativa.

Clavijo ha señalado: “Si al final Madrid formaliza ese recurso ante el Constitucional, estaremos allí para defender la legalidad y la constitucionalidad de una norma” que proviene de los servicios jurídicos de la comunidad canaria.