“Entre la baja natalidad, la llegada de más de dos millones de migrantes en los últimos años, la reacción tardía e insuficiente del Govern y la globalización, podemos decir que el reto de aumentar el porcentaje de uso habitual del catalán es titánico”. Así lo afirma la traductora, lingüista y miembro de la ejecutiva de Plataforma per la Llengua, Teresa Vilà, en una llamada con Público para analizar los motivos por los cuales solo un tercio de la población de Catalunya usa el catalán como lengua habitual en su día a día.

Desde su punto de vista, se requieren “políticas valientes” –más allá del incremento de cursos– y garantizar que la lengua sea necesaria en la vida cotidiana y en el trabajo, para frenar su descenso y asegurar su uso entre las personas migradas.

La última encuesta de usos lingüísticos, publicada este febrero, reveló que solo el 32,6% de la población de Catalunya tiene el catalán como lengua social habitual, cuatro puntos por debajo de 2018 y 20 menos que en 2003. Actualmente, solo 336.000 personas lo usan siempre, mientras que 1,6 millones no lo hablan nunca.

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El sondeo también señalaba un aumento del bilingüismo (pasó del 7,4% al 9,4%), e indicaba que solo el 50,5% de las personas nacidas en el extranjero puede hablar catalán, aunque el 80% afirma que lo entiende. “La comprensión de la lengua es alta, pero si el entorno no incentiva su uso, es fácil que se produzca un cambio automático en la comunicación cotidiana”, asegura Vilà.

Los migrantes, en el punto de mira
Los datos son complejos de interpretar, ya que la disminución del uso de la lengua no responde a una única causa. Sin embargo, a menudo se hacen lecturas sesgadas que pueden derivar en conclusiones xenófobas y racistas.

Por este motivo, tan pronto como se publicó la encuesta, el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona difundió un vídeo en el que desmentía que el retroceso del catalán fuera responsabilidad de los migrantes, y denunciaba que la administración no garantiza suficientes oportunidades para aprender la lengua. Según Top Manta, la falta de plazas, las dificultades de inscripción en los cursos y la conciliación con el trabajo o los cuidados familiares son los principales obstáculos.

Dos días antes de la publicación de este vídeo, Òmnium Cultural ya había impulsado un manifiesto, firmado por un centenar de catalanohablantes nacidos fuera del país, con diversas demandas para que todos los que vivan en Catalunya puedan acceder a la lengua.

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Concretamente, pedían que el Govern ampliase la oferta de cursos para garantizar, al menos, 200.000 plazas anuales. Además, instaban a la sociedad a evitar el cambio “automático” de lengua y a hablar catalán “sin prejuicios”.

“No podemos culpar a los migrantes de esta situación. Se han hecho políticas para fomentar el catalán, pero no se ha garantizado que sea imprescindible para vivir y trabajar en Catalunya”, sentencia Vilá.

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La traductora explica: “Debe ser la sociedad de acogida quien utilice el catalán como lengua inicial, y para eso hace falta concienciación. Debemos hablar siempre en catalán y exigirlo en todas partes. Ahora bien, si lo pedimos, tenemos que mejorar su acceso”.

El activista, educador social y portavoz del Sindicato de Manteros, Aziz Fayé, afirma a Público que pedir el catalán para lograr el arraigo social “no es discriminatorio”, siempre que se cumplan las condiciones óptimas para aprenderlo. “A menudo los migrantes no tienen un entorno donde practicar el idioma y necesitan ayuda para inscribirse en la página web”.

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El activista recuerda que, "además, la administración no tiene en cuenta que muchos trabajan y no pueden permitirse dejar su empleo para ir a hacer un curso.

No es la primera vez que el sindicato reivindica esta cuestión: el pasado septiembre, cuando se abrieron las inscripciones para los cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística, Top Manta publicó un hilo en X narrando el “periplo” para apuntarse. Mientras tanto, los miembros de la entidad se han autoorganizado para ofrecer clases los lunes en el taller que tienen en Sants.

Para Fayé, las personas que se inscriben en los cursos “están muy motivadas” porque saben que es importante. A pesar de la “polémica” que suscitó la propuesta de convertir la lengua en un requisito para el permiso de residencia en el marco de la delegación de competencias en inmigración, actualmente ya es obligatorio acreditar el arraigo social, que no se obtiene sin un curso de 45 horas de catalán.

Las acciones de la Generalitat
En respuesta a las demandas de Òmnium y del Sindicato de Manteros, la administración invertirá 8,8 millones en un plan de choque para incrementar el número de cursos por todo el territorio.

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El Govern, que aprobó la medida este martes en el Consell Executiu, prevé crear 30.000 nuevas plazas, que estarán coordinadas por el Consorci. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aseguró en febrero que con esta estrategia “se eliminarían” todas las listas de espera.

Esta es una buena noticia, pero desde la perspectiva de Plataforma per la Llengua, “llega tarde” y es “insuficiente”. “Las instituciones se durmieron, entraron en una especie de conformismo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Confiaron solo en la enseñanza, pensando que, a más conocimiento, más uso social, pero no ha sido así”, lamenta Vilà.

Más allá del Pacte Nacional per la Llengua, “es necesario que los ayuntamientos, consejos comarcales, educación, salud, entidades cívicas y toda la sociedad civil tomen conciencia de la emergencia lingüística”, añade.

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¿Cómo garantizar que los migrantes usen el catalán?
Para Plataforma per la Llengua se requieren “políticas valientes”, más allá del incremento de cursos. Por un lado, exigen que se tenga conocimiento de catalán –sin especificar nivel– como requisito para obtener el certificado de arraigo social y el permiso de residencia. Luego, exigen que la lengua sea obligatoria para trabajar en las empresas que tienen contratos públicos con la Generalitat.

En tercer lugar, quieren cursos de catalán obligatorios en determinados trabajos, como la restauración –donde se acumulan la mayoría de las denuncias y quejas por vulneración de derechos lingüísticos de los consumidores– o la atención al público. También piden, paralelamente, inspecciones y sanciones para los sectores donde ya sea imperativo. “Debe ser una combinación de políticas”, reitera Vilà.

Por último, la entidad defiende que es imprescindible actuar en los barrios, no solo a gran escala. “Las personas nuevas llegadas de fuera de la UE normalmente terminan en barrios que ya son predominantemente castellanohablantes. Son los que se formaron durante la oleada migratoria española de las décadas de los 40 a los 80, donde la presencia del catalán era inexistente”.

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La traductora concluye: “El código postal influye en este fenómeno; hay muchos guetos sociales, pero también lingüísticos”. Este argumento se aplica especialmente a las zonas urbanas del área metropolitana de Barcelona, por lo que Plataforma per la Llengua inició tres planes de actuación en Sabadell, Ciutat Meridiana y el Eix Besòs.