Madrid, 25 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo pide mejorar la comunicación a través de consulados y embajadas con familiares de personas migrantes desaparecidas en las rutas hacia España para garantizar que toda la información que aporten llega a una base de datos en la que se pueda efectuar la identificación.

Es una de las recomendaciones que contiene el informe del Defensor del Pueblo, que muestra su preocupación por la comunicación con los familiares de las personas desaparecidas en las rutas migratorias hacia España.

Explica que la institución que dirige Ángel Gabilondo ya se dirigió a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares a la que pidió establecer un canal, a través de las representaciones consulares, que permita a aquellas personas de otros países que no puedan desplazarse a España, aportar la información necesaria para iniciar el procedimiento de búsqueda del migrante desparecido.

Esto incluiría la aportación de muestras para estudios genéticos.

Sin embargo señala el Defensor la Administración consular consideró que esto no está previsto dentro del marco normativo que regula las funciones consulares y que no están dotadas de los medios que serían necesarios para el desempeño de estas funciones.

También la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares informó de que no cuenta con ningún procedimiento para asistir a personas de nacionalidad extranjera cuyos familiares, también extranjeros, hayan desaparecido en España o en el trayecto migratorio hacia este país.

El Defensor recuerda, en este sentido, que la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 consolida la protección y la promoción de los derechos humanos como elemento distintivo y definidor de la acción exterior española y encomienda a la Administración el mandato de reforzar la diplomacia humanitaria.

Preocupación por la situación en el aeropuerto de Barajas: sus condiciones son peores que en los CIE

El informe del Defensor aborda también los procedimientos de protección internacional en frontera y recuerda que 2024 ha finalizado con 167.366 nuevas solicitudes de protección, de las que 7.382 se formalizaron en frontera, frente a las 3.386 correspondientes a 2023.

Entre sus recomendaciones, destaca la necesidad de mejorar las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como los procedimientos de protección internacional que allí se sustancian.

Detalla que el procedimiento de solicitud y la petición de reexamen implican la permanencia en ese puesto fronterizo durante su tramitación y, cuando el número de personas que inician el procedimiento es elevado, se prolonga la estancia en unas dependencias habilitadas para atender a un número limitado de personas y, en consecuencia, no adecuadamente dotadas para situaciones como la indicada.

Advierte además, que entre las personas que allí permanecen se encuentran perfiles vulnerables, incluidos menores de edad.

Así, esta “grave situación” lleva al Defensor a urgir a adoptar medidas que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional.

En cuanto a la privación de libertad de las personas solicitantes de protección internacional, el Defensor muestra su preocupación por la prolongación de la privación de libertad en las salas del puesto fronterizo.

Asegura, en este sentido, que las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros son, por lo general, mejores que las de las salas de asilo y rechazados de los aeropuertos, ya que estas no están pensadas ni preparadas para privaciones de libertad más allá de algunas horas o, a lo sumo, pocos días.

También pide corregir la posibilidad de privar de libertad indefinidamente a una persona en un aeropuerto cuando solicita protección internacional y esta no se formaliza por la dificultad temporal de la Administración competente y recuerda que esta una posición compartida por el ministerio fiscal.

Recuerda sus visitas a las instalaciones del aeropuerto y denuncia las “carencias en la limpieza” de las salas en las que están mujeres y niños, así como la falta de luz natural, la falta de material de higiene básico o la imposibilidad de contactar con el exterior, ya que no se autoriza el uso de teléfonos móviles y las cabinas de teléfono no permiten llamadas al exterior.

Y observa “con especial preocupación” la existencia de personas especialmente vulnerables y familias con menores que quedan desprotegidas durante semanas, a pesar de que la normativa común europea en este ámbito declara que la atención a personas con necesidades particulares debe ser una prioridad de las autoridades nacionales.