Gabriel Elorriaga fue secretario de Estado de Organización Territorial (2000-2004) y subdirector del Gabinete del presidente del Gobierno con José María Aznar (1996-2000). Atiende a ABC tras pronunciar una conferencia en Barcelona invitado por el Club Tocqueville, en la que diserta sobre el modelo «dinámico y abierto» de la financiación central, autonómica y local de España, el «modelo más descentralizado del mundo», justo cuando el PSC, el PSOE y los independentistas quieren entregar a Cataluña un concierto económico similar al modelo vasco.
—¿Qué le parece la delegación de la inmigración para la Generalitat?
—Ante todo es un inmenso error, más allá de que se pueda considerar constitucional o no, sobre todo, es un error. La tendencia europea es la de establecer y configurar políticas de inmigración compartidas para toda Europa. Los flujos de población requieren de sistemas fuertes de control de fronteras. Fragmentar internamente las competencias de inmigración no puede más que dificultar su funcionamiento y entorpecer las labores propias de un Estado democrático.
—El PSOE recuerda que el Gobierno de Aznar uso el artículo 150.2 de la Constitución para delegar a la Generalitat el control del tráfico.
—No es equiparable. El 150.2 se ha utilizado en varias ocasiones a lo largo de las últimas décadas. Pero la diferencia con el caso actual es que se utilizó para anticipar la atribución de competencias estatutarias. Así pasó con la Comunidad Valenciana y las Canarias. Ahora se intentan asumir unas competencias que son inasumibles por vía estatutaria porque son exclusivas del Estado e indelegables.
—¿Es factible y legal que la Generalitat también disfrute de un concierto económico?
—No lo creo. Las comunidades de régimen común pueden tener distintos regímenes pero homogéneos entre ellas. Es un sistema común. Y la Lofca está reclamada desde la Constitución para desarrollar el modelo común. Esta norma no se puede eludir. Por lo tanto, no cabe un modelo de concierto económico para una comunidad autónoma de régimen común. La ruptura del modelo es indudablemente malo para todas las partes. El sistema, tal y como lo proponen, debilita la posición del propio Estado. La Administración General del Estado tiene unas responsabilidades que si se merman en sus recursos, perjudican a las políticas que tiene encomendadas. Estas políticas son, básicamente, de solidaridad, pensiones no contributivas, ingreso mínimo vital, dependencia…
—¿La quita autonómica por todos no es una forma de solidaridad?
—Podría tener sentido una restructuración de la deuda acumulada, sobre todo en las comunidades que han estado infrafinanciadas. Pero esto no es lo que se atiende con la propuesta que se ha hecho. Cataluña no es una comunidad autónoma infrafinanciada. Como Madrid, está más o menos en la media. Pero hay otras comunidades que sí están, objetivamente, infrafinanciadas, como son la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
—Los socialistas y los independentistas dicen que Cataluña sí está infrafinanciada.
—No hay ningún trabajo de naturaleza científica que asegure que Cataluña y la Comunidad de Madrid están infrafinanciadas. No existe. Hay posiciones políticas pero no trabajos técnicos. Y los que hay plantean pequeñas diferencias marginales.