Fernández de la Vega llegó a Bruselas procedente de Finlandia para reclamar de la Comisión Europea un compromiso más firme con el problema de los cayucos.

Cosechó una serie de promesas que el vicepresidente Franco Frattini formuló con gran rotundidad, pero cuya eficacia práctica en el corto plazo va a ser, probablemente, menos sonora.

El vicepresidente comunitario aseguró que el operativo de Frontex en Canarias se va a mantener hasta diciembre, que es el mes en el que concluye la actual programación de gasto de la UE para el periodo 2000-2006.

La Agencia de Fronteras Exteriores de la UE realiza en Canarias, mal que bien, varias funciones: desde el reconocimiento de inmigrantes ilegales (tiene desplazado allí un equipo de 11 especialistas), hasta la coordinación de las unidades aéreas y navales que patrullan el Atlántico.

Bruselas carece de capacidad para exigir más medios aéreos y navales de los Estados miembros, luego cabe suponer que el refuerzo del dispositivo pasa por la aceptación voluntaria de los socios que quieran participar en él.

Fernández de la Vega aseguró que, para ser eficaz, el sistema de patrullas debe ser, como mínimo, duplicado, pero ni ella, ni Frattini, aclararon de dónde van a salir esos medios.

Afirmaron, eso sí, que la disponibilidad de los socios comunitarios para colaborar en la resolución del problema es buena, y que el capítulo presupuestario no es determinante; que lo que importa es garantizar una buena coordinación en el uso de esos recursos. La representante española reconoció públicamente la escasa eficacia, hasta ahora, del operativo de Frontex.

La cumbre mediterránea

La Comisión, asimismo, expresó su apoyo a la reunión de socios europeos mediterráneos, promovida por España, que pretende poner a punto un modelo de gestión de fronteras marítimas.

Para el medio y largo plazo, la Comisión Europea defiende con carácter más acentuado sus posiciones ya expresadas a favor de una política común de inmigración, y la exigencia de cumplimiento de los compromisos asumidos por los países africanos en el seno del “Acuerdo de Cotonú” para la readmisión de naturales emigrados ilegalmente.

España, como reconocía De la Vega, está intentando que la lucha contra la emigración ilegal gane prioridad política en la agenda de los socios de la UE, pero es un proceso lento y plagado de dificultades.

Madrid, por otra parte, está desarrollando una intensa actividad política y económica para afianzar su presencia en países del África occidental (Senegal, Mali) con los que no existían prácticamente relaciones.

Para hacerlo, se está sirviendo de la red exterior de la Comisión Europea cuando no cuenta con medios propios.