La Xarxa d’Entitats pel Padró, que agrupa a una docena de entidades sociales, tilda de “injusta y arbitraria” la decisión del Ayuntamiento de Figueres de dar de baja del padrón a 804 vecinos. El colectivo critica “las trabas administrativas” que impone el Consistorio y le reclama que “cumpla con la ley”

El Ayuntamiento asegura que las más de 800 bajas en el padrón son “casos de fraude”, por ejemplo casos en los que el titular no vive en el domicilio o situaciones de sobreempadronamiento en el mismo piso.

La Xarxa d’Entitats del Padró acusa al Ayuntamiento de “criminalizar la pobreza”
Sin embargo, para la Xarxa de Entitats del Padró la política adoptada por el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, no hace más que “criminalizar la pobreza” y deja a centenares de personas en una situación de “inseguridad jurídica y social”.

Las entidades sociales consideran que el Ayuntamiento de Figueres está incumpliendo con la obligación del empadronamiento universal y le exige que lo garantice a todas las personas que residen en el municipio, incluyendo el empadronamiento en domicilio ficticio o sin domicilio fijo, cuando no existan otras opciones viables.

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Redacción
Dos agentes verificando el padrón de una finca.
Una garantía que, desde la Xarxa se pide extender también a personas en situación de realquiler de habitaciones, evitando que el Ayuntamiento exija la autorización de la persona titular del contrato de alquiler cuando ésta se niegue a firmar la documentación.

Reclaman también que se suspenda la tramitación de nuevas bajas hasta que no se haya establecido “un protocolo claro, transparente y coordinado” con los Servicios Sociales y el Servicio de Acogida e Inmigración y que aclare la función y formación de los agentes verificadores, que son los encargados de detectar los casos de fraude en el padrón.

También piden a su alcalde que abandone un discurso “alarmista y xenófobo”
Desde la Xarxa d’Entitats pel Padró exigen al alcalde que abandone el discurso “alarmista y xenófobo”. Jordi Masquef aseguró que con esta política de dar de baja del padrón municipal los casos de fraude, se quiere evitar que haya “un efecto llamada”.