ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Muy fugaz ha sido el debate sobre el fondo de la cuestión que plantea la proposición no de ley presentada de común acuerdo entre el PSOE e IU a principios de agosto para que les sean reconocidos a los inmigrantes regularizados sus derechos políticos en las elecciones municipales y si se ha comentado algo más ha sido por la ciertamente discutible propuesta de CiU de exigirles ciertos requisitos para que puedan ejercer tales derechos, particularmente conocer el idioma de la comunidad donde vayan a votar.

Efectivamente, esa condición políglota nadie se la ha reclamado a los residentes de países comunitarios que ya fueron electores y elegibles en anteriores elecciones locales, como se les espetó a los dirigentes nacionalistas catalanes desde distintos ámbitos culturales y políticos. Pero además cabe señalar que muchos de aquellos ejercen el derecho de voto cumpliendo con menos deberes ciudadanos de los que ya asumen los inmigrantes extracomunitarios que han regularizado sus vidas y sus actividades profesionales en España. Así, cuando pagan sus impuestos a la hacienda pública (no solo las tasas municipales del ayuntamiento donde estén empadronados) por los rendimientos de su trabajo y las cotizaciones sociales correspondientes, contribuyen a las arcas del Estado, de todas sus instituciones en todos los ámbitos territoriales, más que por ejemplo los jubilados de países centroeuropeos que residen en localidades costeras donde votan sin cortapisa ninguna e incluso han sido elegidos para gobernarlas desde el Consistorio. Es curioso saber que en algunos países europeos de los que proceden estos ciudadanos comunitarios se les anulan sus derechos políticos cuando llevan una determinado número de años sin satisfacer sus impuestos o con domicilio fiscal en el extranjero. Por cierto, un criterio de factura impecablemente democrática puesto que el derecho ciudadano a determinar con el voto y la participación en los asuntos públicos el devenir de la sociedad en la que se está integrado ha de supeditarse sobre todo al cumplimiento del deber de contribuir a su mantenimiento y desarrollo LA MARGINACIÓN DE aquellos a quienes al cabo de los años se les sigue impidiendo el estatus de ciudadanos es un germen de perturbación social como le corresponda a cada cual de acuerdo con las leyes fiscales vigentes.

En este punto la democracia española se permite ser más laxa que otras europeas con más solera que la nuestra, ya que los españoles que emigraron a América o a otras latitudes y llevan la mayor parte de sus vidas residiendo fuera de España o sus descendientes que han heredado la nacionalidad española tienen sus derechos políticos plenamente reconocidos en todos los procesos electorales, locales, autonómicos y generales en los que libremente quieran participar, aunque jamás hayan pagado un céntimo al sistema impositivo español. Sin embargo, aparece la rigurosidad cuando se trata de reconocer derechos a, digámoslo claramente, quienes tienen razas y culturas notablemente diferentes a la nuestra y además son pobres, aunque sean contribuyentes netos al mantenimiento de nuestro modelo de vida.

Compartir saberes y riquezas con la mayor diversidad posible de seres humanos nunca ha empobrecido a nadie, por el contrario, ha sido el gran catalizador del progreso de la humanidad a lo largo de toda su historia.

Afortunadamente, las personas no tenemos raíces, como los árboles que nacen y mueren en el mismo lugar salvo que alguien ajeno los trasplante. Nosotros tenemos piernas y desde los primeros homínidos las hemos utilizado para movernos atravesando la Tierra de un confín a otro impulsados por nuestros afanes vitales, individuales y colectivos.

Tras un debate tan escaso, superficial y veraniego, el Gobierno ha sugerido ya que posiblemente no se aprobará la norma correspondiente antes de las próximas elecciones municipales, “por falta de tiempo y por razones de oportunidad política”. Pero con ocho meses por delante, tiempo legislativo no falta. Lo que sobra es el oportunismo político que algunos partidos pudieran aprovechar contra el Gobierno y sobra el temor de éste a las posibles repercusiones electorales que en los votantes nacionales pudiera tener el reconocimiento del derecho de voto a los inmigrantes. Pero hacerlo es lo oportuno para robustecer la convivencia en una sociedad que ya cuenta con aproximadamente dos millones de personas perfectamente regularizadas y cumplidoras de nuestras leyes; el germen de la perturbación social no es la inclusión, sino la marginación de los que llegan un día como inmigrantes y al cabo de los años se les sigue impidiendo que alcancen el estatus de ciudadanos, como toda Europa debería haber aprendido tras los recientes disturbios en las periferias de las principales ciudades francesas.

A. GUTIÉRREZ VEGARA, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso