El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha pedido al Ayuntamiento una revisión del modelo de alojamientos de urgencia, en el que ve una “falta de calidad” de las instalaciones, así como un cambio en la temporalidad en función de las necesidades de cada familia, que según él deben contar también con un apoyo económico. Lo ha dicho en la presentación del informe 2024 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, en la que también ha apuntado a la necesidad de que el consistorio evite que personas empadronadas de forma colectiva en determinadas entidades se queden sin padrón, un derecho fundamental según Bondia. El informe también recomienda un mejor tratamiento de las violencias sexuales no recientes, con un circuito burocrático que no “revictimice”; una concesión directa de subvenciones a entidades de pequeño formato, revisar las condiciones de la oferta educativa y proteger los patios escolares, para que los niños disfruten del derecho fundamental de jugar, textualmente. Por otro lado, pidy de antenas en azoteas; ampliar el programa ‘Respir’ para incluir a familias con adolescentes o jóvenes con un grado de dependencia; apostar por los intercambiadores inclusivos para gente con discapacidad y reforzar el servicio de taxis no adaptados.

A lo largo de 2024, la Sindicatura ha realizado 2.249 intervenciones; de este total, 1.180 fueron peticiones ciudadanas; de las cuales 486 fueron quejas; 17 actuaciones de oficio; 676 asesoramientos técnicos y jurídicos y 1 dictamen. El documento también refleja que se registraron 1.101 atenciones y 68 seguimientos.

Estas intervenciones se han convertido en 523 pronunciamientos (resoluciones desde la defensoría) dirigidas al Ayuntamiento, que aceptó un total de 74,6% de las recomendaciones (52,23 totalmente y 23,37 parcialmente), a la espera de que recibir un 23% de respuestas que todavía están pendientes.

El derecho a la ciudad habitable y sostenible ha sido el más afectado, con un 36,71%; le siguen el de la ciudad garantista (27,53%); la ciudad equitativa, con el 26,2%; el derecho a la buena administración (20,1%); a la ciudad diversa (9,56%); el derecho al descanso (8,41%) y, finalmente, a la vivienda, con el 6,7%.