La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha esfumado la esperanza de miles de latinos de hacer una nueva vida en Estados Unidos. El cierre de la aplicación CBP One, con la que los migrantes pedían asilo en la frontera con México; la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que amparaba a cientos de miles de venezolanos en EE UU; y las constantes amenazas de deportación de las autoridades norteamericanas han hecho que muchos prefieran emprender el camino de regreso a casa. Desde enero, Colombia se ha convertido en un puente para cientos de personas en este viaje a la inversa que, según las ONG, abre nuevos peligros para la población migrante.

Migración Colombia reveló en un informe publicado la semana pasada que entre el 15 de enero y el 28 de febrero, 1.885 personas estaban en tránsito desde el norte del continente hasta Colombia por la vía panameña. En promedio, 84 personas llegaron al país diariamente desde el corregimiento de La Miel (Panamá) hasta Capurganá, en el departamento colombiano de Chocó. Según los datos, de las 1.599 personas caracterizadas, 1.585 son venezolanas. Los restantes provienen de Perú, Ecuador, Chile y Nigeria. Entre ellos había 298 niños, la mitad menores de siete años.

El organismo migratorio señala que la mayoría de los migrantes entrevistados ha corrido una suerte similar: estuvieron esperando en México entre uno y tres meses la cita con autoridades estadounidenses, a través del CPB One, cuando Trump decidió suspenderla y frustró sus esperanzas de ingresar a Estados Unidos. Desde entonces, la ruta migratoria de retorno más común es la que se origina en Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Allí, son transportados en autobús a la frontera oeste de Panamá para luego trasladarse a Puerto Obaldía, en el punto limítrofe con Colombia.

“Posteriormente, los migrantes contratan lancheros de la zona, en su mayoría indígenas, que los llevan hasta Capurganá. Personas de la región también han señalado que algunas lanchas llegan a la playa La Miel, en territorio panameño, desde donde los migrantes emprenden caminatas de aproximadamente dos horas hasta llegar al casco urbano de Capurganá”, detalla el informe.

Organizaciones humanitarias indican que el flujo inverso es una nueva realidad que, así como ocurre con la migración hacia el norte, también presenta varias amenazas para la población migrante. “Hemos asistido a personas deshidratadas, con hambre, desorientadas y con necesidades de protección internacional que cruzan desde Panamá hacia Colombia. No todos están retornando voluntariamente o en condiciones dignas”, explica Giovanni Rizzo, director de la sección colombiana del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

Rizzo advierte del peligro que significa que los grupos delincuenciales tomen el control de este tránsito en auge: “Es fundamental que la reglamentación, regulación y rendición de cuentas sobre los derechos humanos sea fortalecida por los gobiernos y no que dejemos que terceros, incluyendo a bandas delincuenciales, promuevan y se lucren de servicios y transporte”.

Venezolanos, los más afectados

Mientras han aumentado los retornos a Sudamérica, los viajes por el Darién hacia el norte han caído drásticamente. En enero y febrero apenas se registró el tránsito de menos 3.000 personas por la selva, según los datos recogidos por Migración Panamá. En comparación, durante los mismos meses de 2024, cruzaron por allí más de 70.000 personas. José Raúl Mulino, el presidente panameño, ha tenido una mano dura contra los migrantes desde su llegada al poder el pasado julio. La semana pasada anunció el cierre de los centros migratorios en el Darién.