La Comunitat ha recibido 1.300 inmigrantes procedentes de Canarias este año, cuando los centros de acogida del Consell sólo disponen de 444 plazas. Esto significa que la Comunitat está saturada y muchos irregulares tienen que ser desviados a centros gestionados por ONG. El Consell exige al Gobierno que cambie de actitud y haga un reparto más equitativo. ‘‘Sabemos que la riqueza está fuera de nuestro país y hay que buscarla’’. Alfa, un joven senegalés que llegó hace dos semanas a la Comunitat en uno de los envíos del Gobierno, hablaba así desde su refugio en el Hogar Social Juvenil de Aldaia. Allí le acogió el padre Fernando Giaccomucci que, resignado, afirma: “Muchos luego dicen que se van a otra ciudad donde tienen familiares y otros, simplemente desaparecen porque no quieren estar controlados”.

Esta asociación acoge a 20 subsaharianos, pero en lo que va de año ya son 100 los que ha refugiado. Como este centro, otros gestionados por ONG han tenido que hacerse cargo de buena parte de los trasladados por el Gobierno desde las islas ya que los envíos han sido muy superiores a las posiblidades de la Comunitat.

Desde enero hasta agosto el Ejecutivo de Zapatero ha desviado a la Comunitat Valenciana 1.300 inmigrantes, pero la Generalitat sólo cuenta con 444 plazas en sus centros para hacer frente a esta demanda humanitaria. La situación es obvia: total saturación de los centros de acogida como consecuencia de las decisiones del Gobierno central.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció ayer que no espera que la situación mejore. Admitió que la llegada de inmigrantes de este año está siendo masiva y superará a otros anteriores. A nivel nacional, Caldera informó que en lo que va de año han sido trasladados de Canarias a la península 11.826 inmigrantes, de los que la mayoría, 9.637 han sido acogidos por ONG y, el resto, 2.189 (el 20%), por la Comunidades Autónomas.

Sobre el reparto, Caldera insistió en que la parte “más importante de la acogida la desarrollan las ONG, y la distribución entre las Comunidades se hace equitativamente”.

Esta afirmación contrasta con las críticas del Gobierno valenciano. De hecho, la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, anunció ayer que preguntará en el Consejo Superior de Políticas de Inmigración, “por qué el Gobierno convenía con las ONG más plazas en la Comunitat que en otras autonomías”, y dijo que todas las regiones “deben ser igualmente solidarias”.

Por último, De Miguel quiso dejar claro que el “Consell está a favor de que vengan personas a contribuir a mejorar nuestra sociedad de bienestar”. No obstante, subrayó que no puede garantizarles “la adecuada atención si el Gobierno Central continúa desbordado”.

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