El pacto entre el Gobierno y Junts, para la reubicación de 4.000 menores inmigrantes hacinados en Canarias y de 400 de Ceuta, a través de un Real Decreto-ley, ha tenido respuesta inmediata en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sobre todo, la madrileña que, según este acuerdo, acogería 700, es decir, algo más de la quinta parte. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en un mensaje en redes sociales que llevará “a los tribunales y a la UE” ese acuerdo: “No se puede fomentar la inmigración irregular masiva”.

En su crítica al acuerdo, Ayuso añade: “La política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias. Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada”.

Curiosamente, tras el pacto presupuestario en Valencia entre Mazón y Vox, el PSOE insistía hoy en el racismo de esa región en materia de inmigración. Sin embargo, la Comunidad Valenciana va a seguir la dirección de los territorios gobernados por el Partido Popular, negándose a acoger a menores inmigrantes si no hay capacidad para alojarlos “con respeto y garantías”. “Son personas a atender, no paquetes a recepcionar”, sostienen a EL MUNDO fuentes populares.

Este planteamiento es consecuente con la postura del PP y que fue suscrita por Alberto Núñez Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo. Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país.

“Establecimos una serie de condiciones muy razonables para modificar la Ley de Extranjería, pero el Gobierno prefiere negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP”, insisten desde el PP. “Es insolidario condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a nuestras costas de manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas”, añaden.