El pacto entre el Gobierno y Junts desbloqueó ayer, tras meses de negociaciones infructuosas, la reubicación de 4.000 menores inmigrantes que están hacinados en Canarias y de 400 que de Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó un real Decreto-ley para articular un mecanismo permanente de distribución de los menores. El texto, cuyo borrador final adelantó ayer EL MUNDO, habilita una fórmula para que las comunidades acojan a los menores en función de su población y de la saturación de sus centros, entre otras variables.

Y en esas variables es donde ha salido muy beneficiada Cataluña, que será la que tenga que destinar menos recursos de todas a los nuevos menores que llegarán a la Península y a Baleares. ¿Por qué? Porque Cataluña ya había acogido antes a muchos menores inmigrantes, y eso ha jugado a su favor de manera determinante en el cómputo que va a hacer el Gobierno. No en vano, los ministerios concernidos cambiaron la fórmula de distribución de los menores con respecto a las últimas derivaciones que se han venido realizando desde 2022. La nueva fórmula beneficia sobre todo a Cataluña y es precisamente lo que ha permitido que Junts dé su apoyo a este decreto, de manera que Pedro Sánchez se garantiza su convalidación en el Congreso.

La comparación con los anteriores repartos de reubicación arroja un contraste digno de mención. En el último acuerdo para redistribuir a 347 menores de Canarias en el resto de CCAA, en julio de 2024, Cataluña acogió a 31, el 9% del total. Ahora, de 4.400, acogería a 27. El 0,62%. En el misma comparativa, de julio a ahora, Madrid saltaría del 8,6% al 18,3%.

Numero de migrantes repartidos por CCAA
Hay que decirlo en condicional, porque ésta es la última «proyección» con la que trabaja el Gobierno, pero no la final, que no se tendrá hasta que las CCAA envíen sus datos actualizados. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia aseguran a este diario que «no hay números definitivos» a falta de la «revisión final» de los datos.

Eso sí, hay que subrayar que el Gobierno no ha pactado con Junts los términos del «reparto» de menores, sino que ideó la fórmula antes de sentarse a negociar con la formación de Carles Puigdemont. De hecho, este modelo cuenta con el aval del Gobierno de Canarias, que preside Fernando Clavijo. Este decreto es un «triunfo» de la sociedad canaria, que dio un «paso adelante» para «luchar» contra un «vía crucis» de año y medio, destacó ayer Clavijo (CC), que gobierna en coalición con el PP.

A la espera de los datos definitivos, la última proyección en poder de este diario es la siguiente: de los 4.400 menores que se reubicarán en el resto de comunidades, 806 irán a Madrid, 795 a Andalucía, 186 a Aragón, 150 a Asturias, 59 a Baleares, 171 a Cantabria, 310 a Castilla y León, 291 a Castilla-La Mancha, 27 a Cataluña, 478 a la Comunidad Valenciana, 168 a Extremadura, 325 a Galicia, 34 a Melilla, 189 a Murcia, 164 a Navarra, 88 a País Vasco y 157 a La Rioja.

Es decir, Melilla absorberá más acogidas que Cataluña. Esto es algo que denunció ayer el PP con dureza. «En el reparto voluntario» de julio «no había grandes diferencias entre territorios», lamentan fuentes de Génova. «Por aceptarlo, Vox se fue de los gobiernos autonómicos», recuerdan. En efecto, los de Santiago Abascal rompieron todas sus coaliciones con el PP en ese momento. Ahora, sin embargo, los presidentes regionales populares no están dispuestos a aceptar el nuevo criterio numérico, porque les parece «partidista». «Desde julio no se ha hecho política migratoria desde el Gobierno ni se han metido fondos para ayudar a las comunidades, que ya han dicho que no pueden asumir más» menores, señala una dirigente nacional del PP. «Queremos que se haga con cargo al Estado, que el Estado se haga cargo de esos menores porque nuestros presidentes ya han dicho que están saturados», agrega.

La reforma
Mediante la vía de urgencia del real decreto-ley se reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería con un nuevo artículo 35 bis. El Gobierno y Junts cerraron anteanoche «los flecos», revelan fuentes de la negociación. En el partido independentista apuntan que el acuerdo alcanzado con el socio mayoritario del Gobierno incluye un fondo de ayuda para las comunidades sobresaturadas por la acogida de menores inmigrantes «cuatro o cinco», con un importe de alrededor de 100 millones. Además, precisan que la duración del Real Decreto para abordar lo que consideran como «un problema puntual» será de un año, que podría ser prorrogado.

Los criterios objetivos utilizados para determinar la ubicación de los menores serán los siguientes. «Un 50% de las niñas y niños en razón a la población» de las comunidades de acogida. Un 13%, según la renta disponible bruta per cápita de los hogares de las comunidades. Un 15% en razón inversa a la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa del último cuatrimestre de cada territorio. Un 6%, «atendiendo al esfuerzo en atención a menores». Ahí se valorará, sobre todo, el «promedio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados atendidos en los últimos seis meses». O sea, la «ratio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados por cada 100.000 habitantes de la población de la comunidad o ciudad autónoma».

Además, un 10% se pondera «en razón inversa al dimensionamiento estructural de sistema de plazas de acogida estimado por el Ministerio de Juventud e Infancia». El promedio «deseable» es disponer de una plaza por cada 2.500 habitantes. Esto penalizará a comunidades como Madrid o Andalucía, mientras resulta diferencial a favor de Cataluña. Y habrá otro 6% repartido en conceptos como insularidad, dispersión o las características fronterizas de cada territorio.

El borrador del decreto zanja, en plena polémica por las peticiones de Vox y PP en la Comunidad Valenciana sobre la repatriación de menores, que «las personas menores de edad extranjeras no acompañadas gozan en España de los derechos que para las personas menores de edad establecen la legislación española, la UE y los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por España». Ni más, ni menos. «Y las distintas Administraciones Públicas implicadas deben velar en todo momento, por el interés superior del menor, como principio rector que ha de servir de guía a toda política pública en la materia».