Suleikha es una joven somalí que acaba de llegar a Europa tras huir de la ablación y de un matrimonio forzoso en su país. Había intentado lograr un visado para llegar de forma segura, pero nunca tuvo respuesta. Así que emprendió una terrible ruta cruzando África, en la que fue víctima de todo tipo de abusos y situaciones extremas.

En Libia fue encarcelada en un centro de detención durante meses en condiciones infrahumanas, para posteriormente ser vendida como esclava sexual a un señor de la guerra. Tras meses de ser explotada sexualmente, logró escapar y enrolarse en una barcaza para llegar a Italia, jugándose la vida en el mar.

Ahora, será trasladada a Albania, a uno de los centros de retención para solicitantes de asilo puestos en marcha por Giorgia Meloni, en donde pasará entre 6 meses y 2 años mientras se estudia su solicitud de asilo.

Muy probablemente su solicitud sea rechazada y bajo el marco del nuevo reglamento de retorno, Suleikha será enviada a lo que la UE llama un ‘return hub’, ubicado en un tercer país, por ejemplo Túnez, aunque ella no tenga ninguna relación con dicho país, hasta que se consiga hacer efectivo el retorno de Suleikha a su país de origen Somalia, algo que puede ser inviable quedando en un limbo por tiempo indeterminado.

El caso de Suleikha no es real, aunque su periplo es el mismo que hacen miles de personas para llegar a Europa. Pero este supuesto nos sirve para ilustrar qué puede significar el nuevo reglamento de retorno propuesto por la Comisión Europea.

Este nuevo reglamento pone la guinda al pastel en el retroceso de derechos y en la aplicación de las necropolíticas que, cada vez más, está adoptando la UE. La consecuencia es ese cúmulo de vulneraciones, encierros y maltratos a seres humanos que su único delito es estar buscando un lugar seguro donde vivir en paz o poder tener una oportunidad para salir adelante, como vimos en el ejemplo ficticio de Suleikha.

El mismo día en que el comisario Magnus Brunner presentaba la propuesta en Estrasburgo, el pasado 11 de marzo, el grupo de ultraderecha que representa a Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo, ECR, celebraba con entusiasmo en el pleno que, por fin, la Comisión Europea se hacía eco de las ‘eficientes políticas’ de su lideresa. Habían ganado la batalla.

La medida estrella de este nuevo reglamento es tan poco ‘innovadora’ como eufemística: los centros de retorno, o return hubs, fuera del territorio europeo, gestionados por terceros países a cambio de cifras millonarias.

En todas las teorías académicas, el retorno se define como la última fase de los procesos migratorios, pero siempre vinculado al derecho a decidir de la persona. Por tanto, lo que la UE trata de edulcorar con la palabra retorno son expulsiones forzadas o deportaciones en el más duro sentido de la palabra.

Además, en la obsesión que existe por parte de los 27 por aumentar la tasa de retornos, su propuesta no aporta nada nuevo, sino que continúa con la errática política de externalización de fronteras que está demostradamente fracasada desde los años 90.

Las estrategias de externalización de fronteras, además de no lograr frenar los flujos migratorios, son contraproducentes. Desvían fondos destinados a la erradicación de la pobreza y al desarrollo humano para abordar las causas estructurales que provocan los movimientos forzosos, subcontratando países que no respetan los derechos humanos para la contención migratoria.

Se presiona por todos los medios a países en vías de desarrollo, condicionándoles a través de acuerdos comerciales, política de visados y cooperación al desarrollo sin tener en cuenta sus verdaderas necesidades.

De hecho, esta propuesta neocolonialista da un paso más, pues no sólo se les exige que controlen nuestras fronteras, sino que se les asigna la tarea de retener a las personas en centros o campos, durante un tiempo indeterminado.

Como defendí en mi intervención en el pleno de Estrasburgo la pasada semana, este nuevo reglamento de retornos es una propuesta anacrónica, cruel e inoperativa.

Anacrónica porque no tiene en cuenta las muchas aportaciones positivas de las migraciones, ni las necesidades que tiene en estos momentos la Unión Europea en materia demográfica y laboral para mantener su modelo de bienestar.

De aquí a 2030, según la propia Comisión, necesitaremos cada año al menos 1 millón de personas ante el decrecimiento de la población en edad laboral. Eurostat estima que, si no siguen llegando migrantes con la misma tendencia que hasta ahora, la población europea en 2100 habrá sufrido un descenso de hasta un tercio, poniendo en riesgo nuestra estabilidad.

Es una hipocresía lanzar mensajes sobre que Europa necesita personas migrantes y a la vez lanzar propuestas como esta. Estamos ante lo que se denomina funcionalidad del racismo, que no es otra cosa que aterrorizar a las personas racializadas más vulnerables, con el fin de cuestionar que puedan acceder a derechos fundamentales y de este modo asegurar personas sometidas para fomentar mano de obra barata.

Las personas migrantes se han convertido en el chivo expiatorio de todos los males, poniendo a competir a los penúltimos contra los últimos, evitando con ello, que se ponga el foco en los verdaderos responsables de la desigualdad.

La propuesta es inoperativa y está demostrado el desproporcionado coste de las expulsiones frente a las opciones mucho más rentables que permiten regularizar fácilmente a las personas y dotarlas de derechos.

Los intentos de programas de deportación en terceros países puestos en marcha por países como Reino Unido o Italia, además de ser paralizado por los tribunales, han supuesto cuantías millonarias a los ciudadanos.

El acuerdo entre Reino Unido y Ruanda costó a los contribuyentes británicos más de 700 millones de libras, sin ningún éxito. El acuerdo entre Italia y Albania está presupuestado en 985 millones de euros.

Por el contrario, ¿somos conscientes de cuánto podrían aportar las más de 500.000 personas que se encuentran en nuestro país en situación irregular si saliera adelante la Iniciativa Legislativa Popular apoyada por más de 700.000 firmas para regularizar a estos vecinas y vecinas que en la actualidad no pueden acceder al mercando de trabajo y por tanto no pueden cotizar? Según informes del año 2023 de la organización PorCausa, la regularización de estas personas supondría a las arcas españolas más de 1.000 millones anuales.

Por último, la propuesta es cruel e inhumana porque externaliza las violaciones de Derechos Humanos, instando a la persecución y criminalización de las personas migrantes y refugiadas.

En definitiva, en sus primeros 100 días la Comisión ha iniciado una guerra feroz contra las personas migrantes y contra el Derecho internacional. Ha dado luz verde a la suspensión del derecho de asilo en las fronteras, ha criminalizado a la solidaridad y, con esta última vuelta de tuerca pretende abrir ‘Guantánamos’ en terceros países.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, la Comisión no supera el período de gracia.