El Gobierno ha tardado exactamente 24 horas en dar una respuesta a Carlos Mazón desde el Consejo de Ministros. El presidente de la Generalitat valenciana, acorralado políticamente y con un futuro judicial incierto por su gestión de la Dana, encontró una vía de escape en el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox, un pacto mediante el cual asume las principales líneas ideológicas de la ultraderecha en materias como las políticas migratorias o la lucha contra el cambio climático. Su calificación del Pacto Verde europeo como “dogmatismo climático” y su pulso con la inmigración al Ejecutivo de Pedro Sánchez han provocado la reacción inmediata de la Moncloa, que llegó a alterar el orden del día del Consejo de Ministros por el desbloqueo de la reforma de ley de Extranjería y presentó en la comparecencia posterior a la vicepresidenta tercera y al titular de Política Territorial, las dos carteras afectadas por la declaración de intenciones de Mazón en su acuerdo con la extrema derecha.

A primera hora del miércoles lo primero que hizo el Gobierno fue confirmar lo que se había precipitado a anunciar Junts: que después de más de un año de negociación y de un primer rechazo parlamentario, había por fin acuerdo para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería respecto al sistema de acogida obligatoria de menores migrantes no acompañados por parte de las Comunidades Autónomas. “Es un hito en la defensa de los derechos humanos. Hay urgencia y hay necesidad. Y se trata de un acuerdo que plantea una solidaridad equitativa”, defendió el ministro Ángel Víctor Torres sobre el acuerdo.