El Gobierno acuerda con Junts limitar el número de menores no acompañados destinados a Catalunya

Para la formación de Puigdemont, el nuevo decreto ley “establecerá unos criterios justos y equitativos”

La Vanguardia, , 18-03-2025

El Gobierno central y Junts han alcanzado en las últimas horas un nuevo acuerdo sobre inmigración, esta vez sobre el reparto de menores no acompañados que actualmente se encuentran en las islas Canarias, según ha informado la formación posconvergente.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley temporal para reformar la ley de Extranjería que, según el grupo parlamentario catalán, “establecerá unos criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en la labor de integración y oportunidades de vida a los menores”. Entre estos criterios se encuentra el peso poblacional y el esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años.

La formación de Carles Puigdemont considera que Catalunya ha realizado “un mayor esfuerzo” en los últimos años en comparación con otras comunidades autónomas. Por ello, del número de jóvenes pendientes de distribuir, alrededor de 4.000, solo llegarán a Catalunya entre una veintena y una treintena, lejos de los 700 que acogerá, por ejemplo, Madrid, ya que además del esfuerzo previo se tiene en cuenta entre los criterios del repartimiento el peso poblacional.

Catalunya recibirá entre 20 y 30 menores migrantes, por los 700 que acogerá Madrid
Junts afirma que las comunidades que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener, como el caso de Catalunya, recibirán una compensación económica adecuada. “Sólo así se garantizará un sistema de repartimiento equitativo y sostenible”, aseguran.

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Tras muchos meses de negociaciones, el PSOE y Junts sellaron a principios de marzo el traspaso de competencias a la Generalitat en materia de inmigración. Los tres aspectos principales de dicho acuerdo se basan en el control de fronteras –el Govern participará además en la instrucción de los procesos de expulsiones, que seguirán siendo responsabilidad del Estado–, en la gestión de permisos de residencia y en el control de los centros de internamiento de ciudadanos extranjeros.

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