París – A Cherif Bouchelaleg, argelino de 36 años y residente en Francia
desde los 11 años, le tocó la lotería en enero de 2003. Con una orden de
expulsión bajo el brazo y un interminable currículo en los tribunales
(robo de vehículos, tenencia de drogas, robos con violencia y conducción
en estado de embriaguez), el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, se
apiadó de él y lo amnistió. El Gobierno convirtió el caso de Bouchelaleg,
casado con una francesa y padre de ocho hijos de esta nacionalidad, en
punta de lanza del cambio legislativo: los extranjeros que residen
legalmente en el país y fuesen condenados, no serían expulsados
automáticamente tras cumplir su pena en caso de tener cónyuge o vástagos
franceses o residir en el país desde hace 20 años. Aunque reciente,
aquélla era otra época, en la que Sarkozy pretendía ganar puntos entre los
votantes de centro y su actual discurso de firmeza contra la inmigración
todavía no había tomado forma.
   Dos cordones policiales
   Nada volvió a saberse de Bouchelaleg, al que se imaginaba reinsertado y
disfrutando de su amplia familia, hasta el martes pasado, cuando el
delincuente descubrió que la lotería rara vez toca dos veces. Al volante
de un BMW, su tercer vehículo robado en cuatro días en Sallanches (Alta
Saboya, al este del país), se topó con un control policial y no se lo
pensó: aceleró su bólido y atravesó el cordón. Calles más allá, actuó de
idéntica manera ante una segunda barrera, preguntándose, en el interior
del coche, por qué una plácida localidad de montaña se había convertido en
un avispero de las fuerzas del orden copado de agentes secretos. Si
hubiese encendido la radio del automóvil, habría descubierto que Dominique
de Villepin, el primer ministro del mismo Gobierno que lo había perdonado
tres años atrás, se encontraba en visita oficial.
   Sin
saberlo, Bouchalaleg se introdujo en el perímetro de máxima protección en
torno a la reunión que Villepin celebraba con dirigentes locales. Los
servicios de seguridad, ante la posibilidad de que fuese un intento de
atentado contra el jefe del Ejecutivo, dispararon contra el delincuente.
Bouchelaleg fue apresado tras intentar huir a pie.
   El rocambolesco
caso del malhechor, cuya liberación recibió en 2003 el apoyo no sólo del
Gobierno conservador, sino también del Partido Socialista y de una pléyade
de intelectuales comandados por el cineasta Bertrand Tavernier, ha
terminado por convertirse en pasto para el apetito electoral de la potente
extrema derecha francesa. El Frente Nacional (segundo partido del país en
las últimas presidenciales) ha exigido la reactivación de la expulsión de
los extranjeros condenados. Sarkozy, todavía responsable de Interior,
aprovechó para darle la vuelta al calcetín en beneficio propio. «Este
asunto sólo plantea un problema: la necesidad de un castigo severo contra
los delincuentes reincidentes». No al azar, su último proyecto, para el
que piensa repetir modelo: Cherif Bouhelaleg.