Madrid – De dinero, nada, y de lo demás… ya veremos. Pese a las intensas
gestiones de María Teresa Fernández de la Vega para implicar a los socios
europeos en el problema de la inmigración, la UE no se ha ablandado en
exceso. La vicepresidenta, que multiplicó ayer su actividad diplomática en
Bruselas, vio cómo el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco
Frattini, confirmaba lo que ya habían adelantado sus ayudantes: no habrá
más presupuesto para luchar contra la inmigración ilegal hasta 2007.
   Eso sí, De la Vega consiguió arrancar una prórroga en la misión de la
Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) en Canarias, que se
mantendrá hasta diciembre, y la promesa de que se la UE solicitará más
medios a los 25. «Propondré al Consejo prorrogar esta misión hasta finales
de año porque no podemos limitarnos a ocho o nueve semanas para evaluar la
eficacia», aseguró Frattini, que tras la reunión reconoció que «en estos
momentos, sólo cuatro países miembro han suministrado medios concretos
como aviones, helicópteros
   o barcos de patrulla. Hay que hacer
mucho más, hay que lanzar un llamamiento público y político a los otros
Estados», informa Ep.
   Poca recompensa para tanto esfuerzo,
debió de pensar De la Vega, que tras agradecer los gestos de la Comisión
reprochó la «lentitud» en la puesta en marcha de algunas medidas que se
acordaron en su visita de mayo, especialmente la misión de Frontex y el
diálogo sobre inmigración con los países de África. «Creemos que el camino
iniciado es el correcto, pero hay que recorrerlo con más medios y mejor
coordinación», señaló.
   Quien también habló ayer
de inmigración, «calentando» su próxima comparecencia en el Congreso, fue
Jesús Caldera. Tras las críticas del PP por los traslados «sectarios», el
ministro de Trabajo tiró de estadísticas para asegurar que, de los 11.826
subsaharianos trasladados este año a la península, el 80% – 9.637 – han sido
acogidos por distintas ONG y sólo el 20% – 2.189 – han recalado en
comunidades autónomas gobernadas tanto por el PP como por el PSOE.
   Caldera, que calificó la ola de inmigrantes de «efecto colateral» que
impulsa el crecimiento económico de España, fue especialmente duro con la
Comunidad de Madrid, que en su opinión le ha dedicado este verano
«críticas injustas» a pesar de haber ofrecido tan sólo 120 plazas de
acogida de irregulares.
   Sin embargo, fuentes de la Consejería de
Inmigración madrileña confirmaron a este periódico que, en el convenio de
colaboración firmado por ambas administraciones el pasado 18 de mayo para
la acogida de inmigrantes, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ofreció un
total de 300 plazas. También la secretaria de Política Social del PP, Ana
Pastor, enmendó la plana a Caldera y pidió al Gobierno que derogue el
vigente Reglamento de Extranjería, un «parche» insuficiente para lidiar
con el problema de la inmigración.
   Y mientras los responsables
políticos mantienen el cruce de declaraciones, la Guardia Civil envió ayer
por fin a Senegal una patrullera y un equipo de siete hombres que
participarán en el dispositivo de vigilancia para evitar la salida de
cayucos.
   Por otra parte, tres cayucos acercaron ayer hasta las
costas canarias a 198 inmigrantes, mientras que, al cierre de esta
edición, se había avistado una cuarta embarcación que se dirigía a
Tenerife.