Hace unos diez años, antes de que el municipio gerundense de Salt se convirtiese en paradigma del profundo cambio social que ha provocado en algunas poblaciones la llegada masiva de inmigrantes, un amigo muy progresista me confesó que ya no podía seguir viviendo allí, su localidad natal, porque no la reconocía. ¿Un facha emboscado?
En aquel momento no di excesiva importancia al comentario, porque el cambio del paisaje humano es algo que se repite cíclicamente en la historia de países mestizos como España. Pero, sobre todo, porque me preocupó más la pobre carta de vinos que tenía el restaurante de Barcelona en el que me había citado.
Una década después de aquella confesión entre manteles, Salt es una de las poblaciones españolas con mayor porcentaje de extranjeros (37,5%), en su mayoría musulmanes, y tiene una renta media anual de 10.242 euros. En la última semana, además, ha sido escenario de dos noches de violencia, con el asedio a una comisaría de los amateurs Mossos, después de que un imán caradura fuera desalojado por no haber pagado durante cuatro años su vivienda.
Si bien los disturbios han provocado una gran polémica, estos no fueron ni más graves ni más violentos que las peleas que protagonizan los fines de semana grupos de hooligans en la periferia de los estadios, o que los altercados juveniles en botellones y fiestas populares. Así que podemos decir que los vándalos de Salt están igual de asalvajados que otros jóvenes españoles.
Lo novedoso y preocupante, en este caso, es la idea del privilegio selectivo para inmigrantes que emerge de la justificación que la izquierda ha hecho de los incidentes, presentándolos como la consecuencia de una violencia estructural y económica contra la población inmigrante.
Al impresentable trato de favor al imán moroso por parte del Ayuntamiento, entregándole en apenas horas una vivienda provisional pese a que él y su mujer tienen ingresos como para no ser considerados familia vulnerable, se han sumado otros inmigrantes, oenegés y medios de comunicación que consideran los desahucios por impago de alquileres e hipotecas que se están produciendo en Salt, debido al el alto precio de las viviendas, como la expresión de un maltrato sistémico.
Cuando es justamente lo contrario: sería racismo institucional que las administraciones aplicaran un privilegio selectivo, según el origen o religión de las personas, y no hicieran cumplir las normas a todos los ciudadanos por igual.