MARÍA J. PÉREZ

MADRID. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se «estrenó» ayer ante los periodistas tras sus vacaciones de verano con unas declaraciones – previas a su comparecencia la semana que viene en el Congreso – en las que ofreció una versión muy endulzada de la «crisis de los cayucos» de este verano, que a su juicio es un aspecto «colateral» de los efectos de la inmigración en España, considerada como un fenómeno global que contribuye al desarrollo del país.

Según la versión dada por Caldera en respuesta a las quejas de distintas Comunidades autónomas en los últimos días por la falta de información del Gobierno, el protocolo de traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península se está cumpliendo y los derechos de los inmigrantes se está respetando. «Sólo una vez» se produjo un «fallo en la coordinación», admitió el ministro, aludiendo a la ocasión en que el Gobierno no avisó a Cataluña de la llegada de 50 inmigrantes a esta comunidad. De las críticas se defendió recordando que, antes de 2005, cuando se aprobó el protocolo de traslados con el PP en el poder, los inmigrantes eran puestos directamente en la calle, sin que fueran llevados a un centro de acogida.

Ante las críticas a la gestión del traslado de inmigrantes menores de Canarias a la Península, el ministro anunció que se convocará al Consejo Superior de Inmigración para tratar el tema, aunque añadió que la competencia en esta materia corresponde a las comunidades. También confirmó la próxima reunión de la Comisión Mixta de Traslados.

«Mejoran el empleo»

Caldera destacó que buena parte del crecimiento económico español se debe a la llegada de población inmigrante. «¿Qué haríamos en España sin esos 2.300.000 inmigrantes que trabajan aquí?», preguntó. Afirmó que esta parte positiva del fenómeno de la inmigración es el más importante y señaló que la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos a las costas Canarias este verano es un «aspecto colateral» de la inmigración. De hecho, el ministro afirmó que sin el fenómeno de la inmigración, España habría sufrido un estancamiento económico y que los inmigrantes «no disputan empleo a los españoles, sino que lo mejoran». También insistió en que la llegada de «sin papeles» «tiene que ser legal».

En su reaparición – su ausencia del Ministerio durante agosto le costó severas críticas desde la oposición – , el ministro llegó cargado de cifras. De los 11.826 trasladados de Canarias a la Península en lo que va de año, 9.673 inmigrantes – más de un 75 por ciento – , han sido acogidos por ONG. Para ello, el Ministerio ha otorgado a estas organizaciones subvenciones por valor de doce millones de euros. Caldera afirmó que, en estos casos son las organizaciones quienes deciden el destino de los trasladados, pero insistió en que el reparto se está haciendo de forma solidaria entre las diferentes comunidades.

Por contra, sólo un 20 por ciento de los inmigrantes, señaló Caldera a modo de reproche, habían sido acogidos por las comunidades autónomas. Entre ellas, fue Valencia la que más plazas ofreció (444); seguida de Aragón (280), Extremadura ( 263 ) y Andalucía (261). Madrid habría ofrecido 120 plazas y Cataluña, 24. Sin embargo, al sumar todos los inmigrantes acogidos (por administraciones autonómicas y ONG), la comunidad de Madrid es la primera receptora – en ella se ubicaron 3.095 trasladados – , seguida de Andalucía, Valencia y Murcia. Sin embargo, las cifras del Ministerio no coinciden con las de Madrid, que cuantifica en más del doble el número de inmigrantes procedentes de Canarias que ha acogido. Caldera afirmó que es lógico que los trasladados se destinen a las regiones más pobladas.

Implicación de la UE

El ministro aseguró que Europa sí se ha implicado en el problema de la inmigración. Señaló que la UE aportará más recursos económicos a partir de 2007 y que ha adoptado un compromiso político e institucional con el tema.

Sin embargo, aseveró que Europa debe «volcarse más» en esta actividad. En cuanto a los inmigrantes subsaharianos que se encuentran en tierra de nadie entre las fronteras de Marruecos y Mauritania, señaló que aún no había tenido tiempo de hablar con el ministro de Exteriores, pero que estaría dispuesto a prestar su cooperación para solucionar el problema.
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