MARIBEL NÚÑEZ, CORRESPONSAL

BRUSELAS. La Comisión Europea (CE) anunció ayer que pedirá a los veinticinco países de la Unión Europea su apoyo para prorrogar la misión de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) hasta diciembre tras el fracaso de su actuación hasta el momento en el control de la inmigración ilegal, según reconoció ayer el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini.

Esta prórroga se hizo pública el mismo día en que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hacía un maratón de entrevistas en la capital comunitaria (tres comisarios y el presidente, José Manuel Durao Barroso), para pedir a la CE que cumpla con la ayuda en el control de la inmigración ilegal a que se comprometió en su visita de mayo.

Entre las peticiones de De la Vega a todos los comisarios con los que se entrevistó estuvo la de que presionaran a los países europeos que se ofrecieron a colaborar con la misión de Frontex y no lo han hecho. Hasta el momento, sólo cuatro de los once que se ofrecieron han cumplido su compromiso de ayuda, la mayoría con medios materiales como un barco o un avión, medios que se han visto completamente superados por las avalanchas de inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias, 18.200 en lo que va de año, cuatro veces más que en 2005.

Las razones de que haya habido tantas dificultades para que la UE tome cartas en el problemas del control de la frontera marítima entre África y Europa estriba. según coincidieron Frattini y De la Vega, en que es la primera experiencia de este tipo que se desarrolla en la UE. «Necesitamos más medios, más barcos, más aviones, más personal, más tripulaciones. Tenemos muy poquitos. Ahora no hay excusas», aseguró De la Vega en rueda de prensa conjunta con el comisario Frattini.

Otra de las iniciativas que anunció ayer la representante del Gobierno es la convocatoria urgente de una Cumbre de países europeos afectados por la inmigración ilegal, que probablemente tendrá lugar en septiembre en Madrid, para aunar posturas y conseguir sensibilizar al resto de países europeos con el fin de que se impliquen más en un problema que no es sólo del Estado al que llegan las embarcaciones ilegales, sino que es de toda la Unión, ya que la mayoría de los indocumentados, una vez en territorio europeo, pasan a otros países también de manera ilegal.

El objetivo del Gobierno español es redactar una propuesta conjunta de los países afectados que, posteriormente, se elevaría a la Cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Finlandia en octubre para su debate y, en un segundo momento, se votaría y, en su caso, se aprobaría, en la Cumbre formal de la UE en diciembre.

No hay más dinero de momento

En materia de más fondos de ayuda para el control de la emigración ilegal, Frattini reconoció que de momento no hay más dinero, además de los 3 millones de euros que ya se han liberado para poner en marcha la operación inicial de nueve semanas de Frontex y de los 2,4 millones de euros de ayuda a Mauritania para que controle la salida de cayucos de sus costas. El comisario explicó en relación con este aspecto que la clave es que toda la UE apoye su propuesta de prolongar la misión, lo que supondría una importante inyección de dinero para el proyecto en 2007, ya dentro de las nuevas Perspectivas Financieras, el nuevo marco presupuestario de la UE que entrará en vigor el próximo año.

Fernández de la Vega no dudó ayer en criticar en público la ineficacia y la lentitud de las medidas adoptadas tras su visita a Bruselas en el mes de mayo, aunque en parte las justificó después por tratarse de una misión (en referencia a la de Frontex) que no tiene precedentes anteriores en la Unión Europea.

Además de la prórroga de la misión de Frontex, la CE se comprometió a estudiar medidas específicas de apoyo a los menores que llegan en los cayucos, entre las que podrían figurar la formación ocupacional.

La representante del Gobierno español, que agradeció la buena acogida y el resultado productivo de sus propuestas en Bruselas, pidió al Ejecutivo comunitario que haga un enfoque global del problema de la inmigración mediante la creación de un mecanismo de coordinación estable, además de fomentar el diálogo con los países africanos en el marco del Acuerdo de Cotonú.

Dentro de este enfoque global de la inmigración, la Presidencia de la UE, este semestre en manos de Finlandia, presentará al resto de socios una propuesta para que cuando los inmigrantes lleguen de forma masiva a un país europeo, como es el caso actual de España, éstos se puedan repartir de una forma u otra entre todos los países europeos. Esta iniciativa, sin embargo, puede encontrarse con la oposición de algunos países europeos grandes, como es el caso de Alemania, que hace años que sostiene que el problema de la inmigración ilegal es una cuestión que afecta sólo a un puñado de países de la UE y no al conjunto de la Unión.
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