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MADRID. La Comunidad de Madrid recibió el pasado martes el 50 por ciento de los 40 millones que el Gobierno de la Nación se comprometió a entregarle para hacer frente a los inmigrantes derivados a la Península desde las Islas Canarias, que en esta región han sido 6.500 desde enero, de un total de 11.000, según explicó ayer el vicepresidente primero regional, Ignacio González. «Tras la avalancha de personas, nos han ingresado la mitad. Hasta entonces, ha sido la Comunidad de Madrid la que ha puesto todos los recursos para atenderlos a todos», comentó González.

El portavoz madrileño, tras el primer Consejo de Gobierno de la nueva temporada, criticó la «ausencia de una política seria, rigurosa y realista» respecto a la inmigración por parte del Gobierno de Zapatero, algo que ha tenido como consecuencia la avalancha de este verano. El último proceso de regularización, añadió, ha dado lugar «a un mensaje equívoco», con «un efecto llamada», y ha beneficiado «a las mafias que trabajan en el África subsahariana».

González denunció también el «reparto discriminatorio» que ha llevado a cabo el Ejecutivo, y puso como ejemplo que los inmigrantes derivados a Cataluña «no han llegado a 900». «Pese a ello, la Comunidad ha puesto a disposición sus plazas de atención financiadas con su dinero y ayudados por las ONG», añadió.

Desde la Comunidad de Madrid se recordó, asimismo, que las afirmaciones del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, referentes al número de plazas ofrecidas por el Ejecutivo regional no se ajustan a la realidad, ya que el ministro habló de 120 plazas, cuando el acuerdo firmado muestra que son 300.

En el texto suscrito por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la Consejería de Inmigración de la CAM el pasado 18 de mayo – no en agosto, como afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega – , el Gobierno autonómico de Madrid puso estas 300 plazas a disposición del programa especial de acogida de los inmigrantes.
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