Salt se ha convertido de nuevo en un “polvorín” social y político, según denuncian varios partidos, después de los disturbios por el desalojo de un imán. Los altercados posteriores con ataques directos a los Mossos d’Esquadra y destrozos en el centro de la localidad han agitado el debate sobre la inmigración en Cataluña, mientras la CUP presume de «tirar piedras a la policía como hecho cultural». Una guerra política que coincide con el polémico pacto entre el PSOE y Junts para delegar las competencias en inmigración a la comunidad y el «contrato social» que quieren imponer los neoconvergentes.

El caso concreto de Salt se remonta al viernes de la semana pasada, cuando los Mossos desalojaron al imán y a su familia de un piso que no pagaban desde hacía «tres o cuatro años», en una intervención que se produjo sin incidentes. No obstante, el lunes por la tarde tres personas de origen subsahariano entre ellas el imán trataron de acceder de nuevo a la vivienda y los Mossos les interceptaron después de que saltara la alarma. Aquí es cuando empezaron los incidentes en las calles de la localidad.

En el terreno político, los antisistema agitaron la polémica de la mano su diputada Laure Vega, quien no dudó en hacer bandera de los disturbios desde el atril del Parlament parafraseando un tuit de un humorista. «En Cataluña, lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un rasgo cultural propio. Enhorabuena a la comunidad musulmana de Salt, sois un ejemplo», lanzó. «Y añadiré otro [rasgo cultural] propio, que es el de defender los derechos a decidir en un referéndum o el derecho a la vivienda por encima de las leyes injustas», avisó para asegurar que «en caso contrario quizás no son tan catalanes».

Unas palabras que provocaron el rechazo de algunos partidos en distintos ámbitos y con más o menos intensidad y del sindicato policial Uspac, que denunció a la dirigente en el Parlament y pide una multa de 12.000 euros.

El grupo municipal del PSC en Salt también salió al paso de forma explícita y condenó «rotundamente» los altercados, respaldó el trabajo de la policía y tildó de «inadmisibles» las declaraciones de la CUP.

«Es una vergüenza tener que escuchar en sede parlamentaria cómo la CUP afirma que quemar contenedores y tirar piedras a la policía es un hecho cultural de Cataluña y cómo felicita a la comunidad musulmana por haberlo hecho», advirtió en declaraciones a este periódico el diputado y portavoz del PP en la cámara, Juan Fernández.

Los populares se mostraron también críticos con el Govern de Illa y ya han exigido a la responsable de Interior, Núria Parlon, que comparezca «de inmediato» para dar explicaciones sobre lo ocurrido. «Salt es una ciudad especialmente castigada por la inseguridad y por la inmigración descontrolada. El municipio se ha convertido en un polvorín y lo que ha ocurrido se puede extender en toda Cataluña si el gobierno de la Generalitat no actúa», denunció Fernández.

Más dureza exhibió Vox de la mano de Ignacio Garriga, quien se desplazó ayer por la tarde hasta Salt para denunciar los disturbios de los últimos días y lanzar su mensaje sobre inmigración y seguridad . «No es un problema de vivienda como ha dicho el alcalde [Jordi Viñas, de ERC, que desvincula los disturbios del caso del imán y lo enmarca en un «problema de vivienda»]. Lo sucedido en la localidad es que una turba de extranjeros ha decidido dar soporte a un imán delincuente que llevaba mucho tiempo sin pagar el alquiler y que encima pretendía ocupar una vivienda. No contento con ello, llamó a sus amigos para prender las calles y desafiar la ley nacional».

El secretario general de Vox también criticó «el silencio absoluto tanto de Salvador Illa como de Pedro Sánchez, Núria Parlon o Marlaska», y aseguró que lo ocurrido en Salt «es el preludio de lo que puede pasar en muchos otros lugares de Cataluña si no frenamos las políticas migratorias impulsadas por el tradicional bipartidismo y el separatismo».

En este sentido, el conflicto de Salt ha estallado en plena polémica por las competencias en inmigración y Junts ha evitado manifestarse de forma oficial más allá de condenar los altercados. Uno de los pocos que se ha pronunciado a través de las redes ha sido el presidente de la sectorial de migraciones, Èric Bertran, y lo ha hecho para rechazar las «ocupaciones ilegales» y el «vandalismo» como forma de «chantaje».

También para recordar que el partido «está trabajando en un decálogo de derechos y deberes vinculados al hecho de empadronarse en un municipio de Cataluña» Y relacionarlo así con las nuevas competencias: «Nuestra prioridad a la hora de gestionar los flujos migratorios es que la gente que vive en Cataluña salga adelante con trabajo y esfuerzo, asumiendo un conjunto de responsabilidades (deberes), directamente vinculadas a los derechos».

La postura de Junts coincide también con la pujanza de Aliança Catalana, el partido de extrema derecha independentista quien aprieta las tuercas a los neoconvergentes con la cuestión identitaria e incluso llegó a pedir al presidente del Parlament, Josep Rull, que investigue las palabras de la dirigente de la CUP sobre los altercados en Salt, quién “ha aplaudido y felicitado los inmigrantes musulmanes que están atacando a la comisaría de Salt y están en poniendo en peligro la vida de nuestros agentes”, resumió su líder Sílvia Orriols.