La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido este miércoles en que el acuerdo alcanzado con Junts para la delegación de competencias migratorias a Catalunya permita a la Generalitat cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ni exigir el catalán como requisito para obtener el permiso de residencia.

En una entrevista concedida esta mañana en Cafè d’idees en La 2 de RTVE, la ministra socialista ha aclarado que la legislación vigente, la Ley de Extranjería, no contempla la obligatoriedad del catalán como requerimiento para la concesión de permisos de residencia en Catalunya, tras las declaraciones por parte de Junts en las que aseguraban que será un requisito indispensable. En cuanto a la gestión de los CIE, la ministra ha explicado que la Generalitat asumirá la dirección y los programas de estos centros, pero sin competencias para cerrarlos.

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También se ha pronunciado sobre la cuestión el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión de control al Gobierno para asegurar que Catalunya tendrá una competencia “muy relevante” en inmigración si se aprueba la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts, pero que no incluye ni el control de fronteras ni las expulsiones de irregulares.

El portavoz popular, Miguel Tellado, la diputada de este partido, Ana Vázquez, y el parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro reclamaron la dimisión del ministro, al entender que el acuerdo con Junts es inconstitucional y supondrá la expulsión de Catalunya de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Marlaska detaca que el acuerdo no contempla ni el control de la frontera ni de los flujos migratorios irregulares
A este respecto, Marlaska señaló que la iniciativa incluye una delegación “muy relevante” de competencias migratorias en favor de la Generalitat, pero que no contempla ni el control de la frontera ni de los flujos migratorios irregulares, lo que incluye las expulsiones. Afirmó que habrá una “delegación importante de facultades en materia migratoria” al Ejecutivo catalán, pero las fuerzas dedeguridad del Estado seguirán en esta comunidad autónoma y decidiendo “quién entra y quién sale” del país.

Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Ejecutivo de “estar cambiando la Constitución por la puerta de atrás“. ”Hasta ahora los separatistas intentaban desconectar Catalunya de España, ahora es el Gobierno cesión tras cesión” ha enfatizado. Al respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido el pacto asegurando que "llegar a acuerdos no es ceder”.

Saiz rechaza la propuesta europea de deportar inmigrantes a centros fuera de la UE
Por otro lado, ante la propuesta de un nuevo reglamento planteada esta semana por parte de la Comisión Europea para autorizar centros de deportación de inmigrantes fuera de la UE, como el modelo implementado por el Gobierno de Giorgia Meloni en Albania, Saiz ha sido tajante en su oposición. “Esa política es absolutamente antagónica a la que defiende el Gobierno de España en todos los foros internacionales”, ha afirmado, dejando claro que el Ejecutivo apuesta por un enfoque distinto en materia migratoria.

Además, Saiz ha criticado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por lo que considera una “dejación de funciones” en el reparto de menores no acompañados llegados a Canarias. Ha afirmado que el Gobierno trabaja en una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la solidaridad autonómica sea obligatoria y no dependa de la voluntad de cada comunidad.

Sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de medio millón de personas sin papeles, que presentó Podemos en el Congreso donde fue rechazada, la ministra ha valorado positivamente que se abra un debate en torno a esta cuestión. No obstante, ha defendido que la principal herramienta del Gobierno para abordar la situación migratoria sigue siendo la Ley de Extranjería y su reforma, con la que aspiran a que cerca de un millón de personas regularicen su situación administrativa.