La Comisión Europea ya está desarrollando los centros de detención de deportación fuera de la UE para inmigrantes en situación irregular, lo que supone una medida muy similar e inspirada en los hubs de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Bruselas ha presentado este martes su nueva directiva de retorno, y el texto es muy claro.

“Esta propuesta introduce la posibilidad legal de devolver a un tercer país a personas que se encuentren ilegalmente en la UE y hayan recibido una decisión definitiva de retorno, sobre la base de un acuerdo o convenio celebrado bilateralmente o a nivel de la UE”, señala el texto.

El documento apunta asimismo que los países “los Estados miembros han pedido soluciones innovadoras para la gestión de la migración”, en referencia a la petición que efectivamente la inmensa mayoría de gobiernos trasladaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No es el caso de España, pero sí de naciones con Ejecutivos tan dispares como Dinamarca, Países Bajos, Polonia o Grecia.

Es más, incluso el canciller saliente, Olaf Scholz, se mostró favorable a aplicar un mayor control sobre la inmigración. Y el presidente electo, Friedrich Merz, fue claro durante la campaña electoral al manifestar su intención de ser más restrictivo en este aspecto. Mucho más. El cambio en Europa, por lo tanto, es evidente, y el documento hoy presentado en Bruselas intenta responder a esta nueva realidad.

El texto apunta que “quedan excluidas las familias con menores y los menores no acompañados” de estas exportaciones, y contempla asimismo sanciones para los inmigrantes que no colaboren. "Cuando no se cumplan las obligaciones, habrá consecuencias. Quien no coopere y represente un riesgo será detenido, es algo esencial para garantizar que no hay abusos del sistema. “Con este nuevo sistema europeo de retornos, garantizaremos que quienes no tengan el derecho de permanecer en la UE sean enviados de regreso efectivamente”, ha explicado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, que ha presentado el texto junto a la la vicepresidenta de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen. Un ejemplo: se propone elevar hasta los diez años el tiempo en que un migrante deportado de forma forzosa tendrá prohibida la entrada de nuevo en la UE.

Ambos responsables comunitarios han tratado de marcar diferencias respecto al modelo que Meloni negoció con Albania. Para empezar, según la responsable finlandesa del Ejecutivo comunitario, porque se aplicarán sólo a “personas que están de manera ilegal en la Unión”. “Son completamente distintos”, ha incidido el austriaco, al tiempo que ha reiterado que el modelo europeo sólo está pensado para casos en los que hay una “decisión final sobre su retorno”. Pero la realidad es que en Bruselas se considera que las similitudes con el modelo italiano son innegables.

La directiva contempla que, en principio, sea cada país miembro el que ponga en marcha su respectivo centro y que alcance acuerdos bilaterales con otros estados que no formen parte de la Unión Europeo. Y también se recoge la creación de una una Orden Europea de Retorno, los que permitirá avanzar hacia una suerte de base de datos común de exportaciones. Esto es, que si un inmigrante tiene una orden en, por ejemplo Alemania y es detenido en Portugal, las autoridades portugueses tengan conocimiento de esa circunstancia y actúen en consecuencia.

“Ahora corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo llegar a un acuerdo sobre la propuesta. La Comisión apoyará a los colegisladores para avanzar en las negociaciones de este proyecto de Reglamento”, incluye Bruselas en el texto, dado que ahora serán las otras dos instituciones las que tengan que apuntar su propuesta. Pero el punto de partida es muy claro y cercano a las posiciones más restrictivas en inmigración.