La gira diplomática por Helsinki y Bruselas de la vicepresidenta Fernández de la Vega concluyó ayer con una apreciable declaración de intenciones del comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini asegurando que la Comisión va a pedir mas medios a los países miembros para ayudar a España a combatir la inmigración ilegal comprometiéndose paralelamente a ir elaborando un modelo de control y gestión del problema migratorio a escala europea. Hay que esperar que en esta oportunidad no se repita el mismo fracaso que cuando el pasado mes de mayo la vicepresidenta regresó satisfecha de Bruselas con las 15 medidas bajo el brazo. La lentitud con que se produjo el despliegue del Frontex en el Atlántico y la cicatería de los países miembros a la hora de ceder medios para este dispositivo demuestran que la Unión Europea, al menos hasta ahora, no ha tomado en serio el problema de los cayucos que alarma en España.

Pero para explicar la dificultad de implicar a Europa en el freno a la inmigración por el sur hay que partir de dos realidades testarudas. Por un lado la Unión Europea no tiene competencias plenas, ni financiación suficiente para dedicar a la inmigración ilegal. Además, falta voluntad política entre los líderes europeos para apoyar desde la Unión las políticas de inmigración de sus 25 socios. Por otro lado, en la política europea del gobierno de Zapatero hay demasiadas contradicciones para que tenga eco la petición desesperada de ayuda en el ámbito de la inmigración ilegal. Con todo, no es aconsejable trasladar a la opinión pública la idea de que Además de improvisadas giras europeas y peticiones de solidaridad que nunca están de mas, el gobierno debe plantease seriamente medidas nacionales eficaces, en coordinación con las Comunidades Autónomas, para empezar a resolver el problema principal que afronta la sociedad española sin culpar del problema a Europa.