La Comisión Europea intentará que el dispositivo puesto a punto en Canarias, aunque no sin dificultades, por la Agencia de Fronteras Exteriores (Frontex) se mantenga activo hasta finales de año, e incluso se vea reforzado, para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Sin embargo, ni esta institución comunitaria, ni la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pudieron explicar ayer en qué consistirá ese refuerzo, ni dieron garantías de que se materialice.

Fernández de la Vega llegó a Bruselas procedente de Finlandia para reclamar al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y al vicepresidente, Franco Frattini, un compromiso más firme con el problema de los cayucos. Cosechó una serie de promesas que el segundo de ellos formuló con gran rotundidad, pero cuya eficacia práctica a corto plazo va a ser, probablemente, bastante menos sonora.

Frattini aseguró que el operativo de Frontex se va a mantener en Canarias hasta diciembre, que es cuando concluye la programación de gasto de la UE para el periodo 2000 – 2006. El año que viene entrarán en vigor las nuevas Perspectivas Financieras 2007 – 2013, y habrá dinero fresco para iniciativas de este género.

Frontex realiza en Canarias, mal que bien, varias funciones: desde el reconocimiento de inmigrantes ilegales (tiene desplazado allí un equipo multinacional de once especialistas), hasta la coordinación de las unidades aéreas y navales que patrullan el Atlántico occidental y que han sido movilizadas hasta ahora por cuatro socios comunitarios.

Bruselas carece de capacidad para exigir más medios aéreos y navales de los Estados miembros, luego cabe suponer que el refuerzo del dispositivo pasa por la aceptación voluntaria de los socios que quieran participar en él.

Escasa eficacia

Fernández de la Vega aseguró que, para ser eficaz, el sistema de patrullas aéreas y marítimas debe ser duplicado, como mínimo, pero ni ella, ni Frattini, aclararon de dónde van a salir esos nuevos medios. Afirmaron, eso sí, que la disponibilidad de los socios comunitarios para colaborar es buena y que el capítulo presupuestario no es determinante; que lo que importa es garantizar una buena coordinación en el uso de esos recursos.

La representante española reconoció públicamente la escasa eficacia del operativo de Frontex, circunstancia que achacó, como Frattini, a su carácter pionero. Con la experiencia recabada, la nueva fase del operativo debería mostrar un grado de eficacia muy superior.

La Comisión, asimismo, expresó su apoyo a la próxima reunión de socios europeos mediterráneos, que pretende poner a punto un modelo de gestión de fronteras marítimas. Para el medio y largo plazo, defiende con carácter más acentuado las posiciones ya expresadas a favor de una política común de inmigración. Igualmente, exige que se cumplan los compromisos asumidos por los países africanos en el seno del Acuerdo de Cotonú para la readmisión de naturales emigrados ilegalmente.

La Comisión se comprometió de nuevo a reactivar el diálogo político en Cotonú, donde se negocian temas que revisten intereses muy variados para los socios de la UE. España, como reconocía ayer De la Vega, está intentando que la lucha contra la emigración ilegal gane prioridad política (la legal existe ya) en la agenda de los socios de la UE, pero es un proceso lento y plagado de dificultades.

Madrid, por otra parte,desarrolla una intensa actividad política y económica para afianzar su presencia en países del África occidental (Senegal, Mali), con los que no existían prácticamente relaciones. Para hacerlo, se sirve de la red exterior de la Comisión Europea cuando no cuenta con medios propios.