La gira diplomática por Helsinki y Bruselas de la vicepresidenta del Gobierno concluyó ayer con una apreciable declaración de intenciones del comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, en la que éste aseguró que la Comisión va a pedir más medios a los países miembros para ayudar a España a combatir la inmigración ilegal. Frattini se comprometió además a elaborar un necesario modelo de control y gestión del problema migratorio a escala comunitaria. Hay que esperar que en esta ocasión no se repita el desinterés con el que la Unión Europea respondió a la anterior iniciativa de María Teresa Fernández de la Vega, el pasado mayo. La lentitud con que se produjo el despliegue del operativo de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en el Atlántico y la cicatería de los países miembros a la hora de ceder medios para esta operación demuestran que la UE, al menos hasta ahora, no ha querido tomarse en serio el problema de los cayucos que han traído a 5.000 personas a las costas canarias sólo en este mes de agosto.

Para explicar la dificultad de comprometer a Europa en el control de la inmigración que llega por el sur, a unas fronteras que ahora son de los 25 miembros, hay que partir de dos realidades. Por un lado, la UE no tiene competencias plenas, ni financiación suficiente para dedicarla a combatir la inmigración ilegal. Pero, sobre todo, falta voluntad política entre los líderes europeos para apoyar desde la Unión las políticas de extranjería de sus 25 socios, y en particular de los más directamente afectados por la llegada de indocumentados. Las instituciones comunitarias deben empezar a trabajar en serio en este asunto. Por otro lado, la actividad europea del Gobierno de Rodríguez Zapatero no secunda con la adecuada contundencia la petición de ayuda en el ámbito de la inmigración ilegal. Los esfuerzos de Teresa Fernández de la Vega son valiosos, aunque cabe preguntarse si su papel es sustituir la iniciativa del presidente o la del ministro de Asuntos Exteriores.

Y, tanto de cara a la opinión pública española como hacia los demás miembros de la UE, resultaría muy conveniente terminar con las disputas entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas sobre los criterios de reparto de inmigrantes por el territorio nacional, para lo que es imprescindible que la lealtad y la transparencia guíen la actuación de todos.