El centro foral de acogida a menores inmigrantes sufre un nuevo rechazo vecinal. Nueve meses después de que la Diputación renunciará a su plan inicial de trasladar este hogar a Nanclares de la Oca, la institución vuelve a toparse con firmas y movilizaciones, aunque esta vez en Pobes y sus alrededores. Y es que residentes y veraneantes de los diferentes pueblos de Ribera Alta – un municipio con 550 personas empadronadas – se han puesto ‘en pie de guerra’ contra el plan de Bienestar Social de trasladar a una casa de Castillo – Sopeña, una pequeña aldea junto a Pobes, a la docena de chavales en situación de desamparo que conviven desde hace más de dos años en la sede de la Cruz Roja en Vitoria.

La falta de espacio del local de la organización humanitaria obliga a la Diputación a buscar un sitio más adecuado a las necesidades de estos chicos. Mientras reorganiza su red de hogares – de la que desaparecerá este servicio específico para menores extranjeros – la Diputación ha puesto sus ojos en el entorno de Pobes. Según portavoces de Asuntos Sociales, «la ubicación y la casa se han elegido en colaboración y en magnífica sintonía con el Ayuntamiento de Ribera Alta».

Los mismos medios aseguraron ayer que la institución foral ha trabajado «codo con codo» con el alcalde, Jesús Berganza González, del PNV, con el que se ha reunido «en numerosas ocasiones». Asimismo, subrayaron que «su buena disposición» es lo que animó a la Diputación a alquilar el chalé, con capacidad para acoger a entre 13 y 15 personas, desde el pasado 1 de agosto. «Es sólo una ubicación provisional, ya que luego pasarán a otros programas, desarrollados casi todos en Vitoria», explicaron.

Reunión pendiente

Berganza, por su parte, negó que haya llegado a un acuerdo con la Diputación para instalar cerca de Pobes el centro de menores extranjeros. «La relación (con el Gabinete Rabanera) ha sido la normal, ni buena ni mala. Este Ayuntamiento no ha tomado ninguna decisión, ni a favor ni en contra», enfatizó.

El alcalde de Ribera Alta agregó que está pendiente de una próxima reunión con la diputada de Asuntos Sociales, la popular Ainhoa Domaica, para hablar del futuro de este recurso. «La decisión depende de la Diputación, no de nosotros», insistió. Berganza se mostró, además, consciente de la postura contraria hacia el centro de numerosos vecinos del pueblo. «Este tipo de cosas son antipopulares, suelen surgir reacciones racistas», dijo, en tono crítico.

Berganza convocó durante la mañana de ayer un pleno extraordinario para abordar el tema, al que acudieron vecinos del municipio. La sesión plenaria surgió después de que el pasado domingo la junta administrativa organizara una reunión donde comenzaron a recogerse firmas en contra del plan foral y se anunciaron movilizaciones para el próximo domingo. Los vecinos se mostraron ayer al corriente de todo lo ocurrido un año antes en Nanclares y al igual que ocurrió allí expresaron su temor a que los menores «causen problemas» en la zona. «Tenemos miedo a que vengan aquí chavales conflictivos. La desinformación es total. No se nos ha consultado nada», resumió el alcalde pedáneo, Joseba Valiente.

Raquel Sánchez, una de las cuatro vecinas de Castillo – Sopeña, no ocultó su «indignación» al enterarse por este periódico de que su pueblo puede acoger el hogar. «Nadie nos ha dicho nada», censuró.

Por su parte, portavoces de Asuntos Sociales insistieron en que la Diputación está obligada por ley a dar amparo a estos menores que llegan a la provincia sin un tutor que vele por ellos. «No es un centro de reclusión de menores sino de protección, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de los menores», indicaron. «Si alguno tiene delitos, su lugar es otro», insistieron. El centro tiene un carácter provisional hasta que reorganice la red de hogares.