“Esto se volvió un caos, acaban de matar a una amiga en La Gabarra. Gracias a Dios ya el ejército se pudo mover y tiene en protección al esposo y a la familia, pero esto está horrible”, dice Carmen García, defensora de derechos humanos y presidenta de Madres del Catatumbo por la Paz, el pasado 19 de febrero, apenas tres horas después de mantener una entrevista con elDiario.es. Un mes más tarde del día en el que se desencadenó una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente de Colombia, la violencia sigue presente en la vida de esta región del noroeste del país, cerca de la frontera con Venezuela. 

Los enfrentamientos entre las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron el pasado 16 de enero, después de que el día anterior fuera asesinada una familia – propietaria de una funeraria – en Tibú. “Ese día el Catatumbo amaneció con asesinatos de civiles, enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley y amenazas. Fue terrible, personas saliendo de sus casas o escondidos”, recuerda la líder de la asociación.