El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sostenido que el acuerdo migratorio con Junts (cuyos votos son necesarios para aprobar cualquier acuerdo en la materia dado el rechazo del PP a todas las iniciativas presentadas hasta ahora) no hace referencia a que el catalán sea requisito para dar residencia a extranjeros, aunque ha precisado que el “tiempo dirá” si estas aspiraciones se pueden desarrollar en otras iniciativas, pero ha garantizado que los pactos se harán “dentro de la Constitución”.

Así se ha pronunciado el ministro Torres en una rueda de prensa tras reunirse con la consejera vasca de Gobernanza, Maria Ubarretxena, al ser preguntado por la intención de Junts de imponer el catalán como requisito para dar residencia a extranjeros.

“La proposición tiene un contenido que es público y conocido por quienes han querido acceder a esa información. Y eso es lo que se va a votar a través de una ley orgánica que exigirá incluso más apoyo que no solamente de los dos partidos firmantes. A partir de ahí, el que esto se pueda desarrollar más o menos en otras proposiciones, otros acuerdos posteriores, es el tiempo el que lo dirá”, ha sostenido Torres sobre este asunto.

En cualquier caso, el ministro ha insistido en que este acuerdo con Junts está dentro de la Constitución, recalcando que es una delegación de competencias, algo que contempla la Carta Magna y los diferentes Estatutos de Autonomía.

Son aspiraciones de Junts
Asimismo, cree que estas palabras de Junts son “aspiraciones, expresiones y deseos”, proclamando que cualquier acuerdo con el Gobierno central “se tendrá que hacer dentro de la Constitución Española”: “Lo quiero dejar bien claro”.

Y al ser preguntado por si está cómodo con el acuerdo con Junts, Torres ha dicho que sí se siente así porque como ministro de Política Territorial cree en la “cogobernanza” y en la posibilidad de caminar en los autogobiernos.

Sobre las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que negaba que fuera a haber delegación de competencias, Torres ha defendido que se refería al control de las fronteras.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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El Gobierno vasco lo estudia
También se ha pronunciado sobre este acuerdo la consejera vasca Ubarretxena, que ha confirmaado que su Gobierno está estudiando la materia porque es “interesante”.

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“Es verdad que hay ciertos aspectos que se han materializado en ese acuerdo con Junts, que en estos momentos el Gobierno vasco ya lo hace. Hay otros aspectos que no. Paso a paso”, ha proclamado la consejera vasca.