Apenas 24 horas después de que el PSOE rubricase un pacto con Junts para traspasar las competencias de inmigración a Cataluña, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, dejaba caer que una vez se apruebe la ley orgánica, la Generalitat tendrá potestad para exigir como “requisito” el conocimiento del catalán para obtener un permiso de residencia en Cataluña. Palabras de las que hoy intentaba salir al paso el Ejecutivo.

La encargada de hacerlo ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien aseguraba que si bien conocer el catalán “no resta, suma”, la lengua “no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibir la entrada en nuestro país”.