No existe en Podemos, en estos momentos, ninguna intención de otorgar sus votos para que se pueda llegar a aprobar en el Congreso de los Diputados la cesión de competencias en inmigración a Catalunya que han pactado PSOE y Junts y que las dos fuerzas políticas han registrado en la Cámara Baja este martes a primera hora de la mañana. Según ha podido saber Público, los de Ione Belarra están instalados en el “no”.

Eso no quiere decir, de todas formas, que Pedro Sánchez no haya esquivado otra bala. El presidente del Gobierno ha pasado, en poco más de una semana, de tener planeando por encima de su cabeza una PNL sobre una cuestión de confianza alentada por Carles Puigdemont, a que Junts la retire y se inaugure un nuevo capítulo en esta legislatura protagonizado por una negociación parlamentaria que defenderán codo con codo socialistas y posconvergentes. El escenario es radicalmente distinto.

PSOE y Junts abren un período de batalla conjunta en el Congreso por las competencias migratorias

Lo que ha tenido lugar este martes ha sido un completo reseteo en las relaciones entre PSOE y Junts. Algunas voces del Congreso indican que se abre un período parecido al de la ley de amnistía.

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Se refieren a que, de la misma forma que cuando empezaron los trámites de la ley de olvido penal se entendía como asegurada la continuidad del Gobierno mientras no culminase su aprobación —Junts no iba a torpedear una legislatura que posibilitaría algo tan impotante para ellos como la amnistía—, con las competencias en inmigración la tesitura es parecida.

Se abre, en estos momentos, una negociación parlamentaria dura que precisará de una admisión a trámite de la ley, de un proceso de enmiendas complejo, una votación para su aprobación definitiva, casi con total seguridad un rechazo por parte del Senado y una nueva votación en la Cámara Baja para levantar ese veto. El proceso será muy largo y tortuoso —sobre todo, por la posición de Podemos—, pero, paradógicamente, vuelve a dar sentido a la legislatura desde la perspectiva posconvergente.

No parece posible que Junts ponga en peligro su continuidad con esta cesión de competencias en juego. Los de Puigdemont ven en la propuesta de ley una herramienta útil para que Catalunya adquiera funciones de Estado en la gestión de Extranjería, en el control de la seguridad con respecto a la inmigración, en el control también de los CIES o en la participación, en coordinación con el Estado, de la expulsión de extranjeros y del control fronterizo. Todos ellos son elementos que aparecen en el texto pactado entre Junts y PSOE. Está por ver, de todos modos, cómo evolucionaría la ley en la fase de enmiendas.

También aseguran los de Puigdemont que la herraimenta habilitará a la Generalitat a exigir el catalán para obtener la residencia en Catalunya. Es algo que según fuentes de los posconvergentes cabe en la ley, pero que deberá decidirlo el Parlament en un momento en el que el Govern está en manos del PSC y en el que Junts no tiene mayoría parlamentaria. Junts lo exigiría, si pudiera, pero ahora mismo no tiene capacidad de hacerlo al no gobernar en Catalunya ni tener mayoría en la Cámara del Parc de la Ciutadella.

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Podemos: “La ley tiene un planteamiento racista”
Pero en esa senda que Sánchez ha abierto, machete en mano, tras el acuerdo con Junts, Podemos tiene previsto cerrarle el paso. El pacto para delegar las competencias migratorias a Catalunya es, para la organización de Belarra, un pacto “racista”.

En la formación morada son claros: están a favor, a priori, de la descentralización de competencias para que sean las administraciones más cercanas quienes se hagan cargo de la gestión.

Pero consideran que el impulsor de este pacto, Junts, lo hace porque quiere restringir todavía más los derechos de acogida y asilo de las personas migrantes, sobre todo ahora que están en plena disputa por hacerse con el electorado más ultraconservador con Aliança Catalana, formación con postulados xenófobos.

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Este mismo martes, Belarra defendía que si el PSOE quería hacer política migratoria desbloquease la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar la situación de las personas migrantes que ya viven y trabajan en España, en tramitación en el Congreso.

“Lo primero es que se apruebe la ILP de regularización y, cuando Junts demuestre que no está en posiciones abiertamente racistas, como ha demostrado a lo largo de este último año en las reiteradas votaciones en el Congreso, entonces Podemos estará disponible para hablar y discutir sobre descentralización de competencias”, aseguró.

Sin embargo, en el partido reconocen que, aunque se llegara a aprobar la ILP, no tienen ninguna confianza en el pacto debido al “historial” de Junts en materia de migración, por lo que, advierten, el PSOE y la formación catalana no van a contar con los votos de sus cuatro diputados.

El Gobierno defiende el pacto: “La ley respeta escrupulosamente los derechos humanos”

En la parte socialista del Gobierno evitan, de momento, valorar las perspectivas parlamentarias de la ley pactada con los de Carles Puigdemont. Este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, reconocía que, “como siempre, vamos a tener que sudar la camiseta”, y recordaba que ya eran plenamente conscientes de la “complicada aritmética parlamentaria”.

El Gobierno, eso sí, niega la mayor respecto a la posibilidad de que esta norma pueda servir para desplegar en último término políticas racistas o xenófobas en Catalunya. Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones defienden que la norma es “escrupulosamente respetuosa con los derechos humanos” de las personas migrantes, pero no sólo eso, sino que, destacan, en su exposición de motivos se habla de renovar el “contrato social” con estas personas y de proteger sus derechos desde su reconocimiento como “vulnerables”.

Además, desde este mismo departamento también trasladan que la ley es una delegación de competencias que, en ningún caso, puede suponer una modificación radical de las políticas migratorias recogidas tanto en las leyes estatales como en las directivas europeas y en el derecho internacional en general.

“Hablamos de delegación de procedimientos administrativos y de que una sociedad, como en este caso es la catalana, se hace corresponsable. Pero son otras leyes las que marcan los requisitos para, por ejemplo, poder expulsar a una persona de un territorio, y no se van a incrementar las expulsiones porque los requisitos siguen siendo los mismos, más allá de la delegación competencial”, explican desde el Ejecutivo.

Esquerra jugará a favor
ERC, tal y como ha expresado Gabriel Rufián en X y fuentes del grupo parlamentario han desarrollado en conversación con este medio, no se va a oponer a que Catalunya gane competencias. De todos modos, no esconden que se entrevé un “cierto oportunismo” en el hecho de que Junts haya promovido esta iniciativa en plena ofensiva de Aliança Catalana por dominar el discurso antiinmigratorio en Catalunya.

Los republicanos, en cualquier caso, entrarán la negociación del texto, pero jugarán a favor. Está por ver, en cambio, cuál es la postura de los vascos. Público se ha puesto en contacto tanto con EH Bildu, como con PNV y ambos se han abstenido de valorar la proposición de ley. Expresarán su punto de vista más adelante.

Con todo, la negociación será larga. Si hay algo que diferencia la ley de amnistía de esta cesión competencial es que, en este caso, no toda la mayoría de investidura está por la labor de apoyarla y existe la posibilidad de que los votos de Podemos tumben la iniciativa incluso en la admisión a trámite. Según ha podido saber este medio, a pesar de que sea el PSOE quien lidere el diálogo con los morados, Junts también negociará con ellos.