Si prospera la proposición de ley, la Generalitat asumirá la gestión integral del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona, que ahora depende de la Policía Nacional, una infraestructura muy cuestionada por las organizaciones sociales. El Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), una red de entidades entre las que se encuentra en Catalunya la fundación Migra Studium, reitera en sus informes anuales que el CIE “es una de las herramientas más aflictivas y represivas de la política migratoria española y europea, aunque no sea la más utilizada”.

Actualmente, hay 68 internos en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio del Interior. Las personas con un expediente de expulsión del país son retenidas en un CIE durante un periodo máximo de 60 días.

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El acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE y de Junts establece que el traspaso de la gestión incluirá la dirección, coordinación e inspección del CIE. “Se delega la designación de los empleados públicos que deban desempeñar los puestos de trabajo de las unidades y servicios que integran los centros que impliquen funciones de dirección y seguridad”, además de “la adopción de las actuaciones para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística”, según consta en el artículo 7 de la proposición de ley. Asimismo, “Catalunya establecerá mecanismos de control e inspección policial y administrativo del funcionamiento de los CIE”.

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El último informe del SJM, publicado en junio del 2024, indica que el de la Zona Franca es el centro que recibió más internos de todos los que estaban en funcionamiento en el 2023 en España, en concreto 589, un 28% del total, de los cuales 62 mujeres. La estancia media en el mismo se elevó a 35 días. En el 2024, la cifra se redujo a 401 internos, según confirma Interior.