Andalucía estudia recurrir al Tribunal Constitucional el acuerdo entre el PSOE y Junts para ceder o compartir las competencias de inmigración a Cataluña. “Las cesiones, los chantajes, los privilegios que se le están dando permanentemente al independentismo pasan todas las líneas rojas”, ha asegurado la consejera de Hacienda y portavoz, Carlina España, que ha lamentado que se están “saltando” la Constitución y “todos los pilares” de la Democracia.
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En este sentido, ha admitido que Andalucía podría recurrir al Tribunal Constitucional, porque aunque “aún es pronto”, es algo que “se esta estudiando, seguramente”.

La oposición de Andalucía al trato privilegiado en materia de inmigración a Cataluña al País Vasco ya ocasionó una dura rueda de prensa de la consejera competente en la materia, Loles López. Entonces, criticó la “política desalmada e inhumana” del Gobierno de España ante el acuerdo con el Gobierno de Canarias para proceder al reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados del que, según aseguró, “van a excluir a Cataluña y País Vasco”.

Además, la Junta de Andalucía ha interpuesto a la Administración General del Estado un requerimiento para que financie los más de 16,8 millones de euros que “ha soportado” al asumir la atención integral e inmediata de las 567 personas menores migrantes trasladados a Andalucía como adultos por el Gobierno de España.

El último acuerdo entre el PSOE y Junts conocido públicamente esta mañana da un paso más. Según la Junta de Andalucía, está en juego “la seguridad de nuestras fronteras y las competencias de la inmigración es una competencia del gobierno de España, es una competencia estatal que está recogida en la Constitución”.
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“¿Cuánto nos va a costar a los españoles que el señor Sánchez siga sobreviviendo en La Moncloa?, ¿Cuánto nos va a costar a los españoles que España tenga presupuestos generales del Estado?”, se ha preguntado la portavoz autonómica.

El Gobierno andaluz también ha criticado que la iniciativa se vaya a formalizar a través de una proposición de ley para “saltarse” el informe del Consejo de Estado y el informe del Consejo General del Poder Judicial.