El PSOE y Junts per Catalunya han madrugado este martes para registrar conjuntamente una proposición de ley para delegar a la Generalitat de Cataluña competencias en materia de inmigración. Los Mossos d’Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, es decir, tendrán presencia en las fronteras como exigían los separatistas; podrán ejecutar autónomamente devoluciones en caliente de inmigrantes cuya expulsión no requiera un expediente y, además, la comunidad autónoma se hará con el control integral de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).
Anoche trascendió que el acuerdo entre ambas formaciones estaba cerrado, aunque ha tenido que pasar más de un año hasta que se ha materializado el pacto ya alcanzado en enero del 2024, cuando, a cambio de la abstención independentista en tres reales decretos leyes –uno de ellos decayó por la oposición de Podemos–, Pedro Sánchez se comprometía con el prófugo Carles Puigdemont a traspasar la gestión de la inmigración a su comunidad autónoma, ahora gobernada por el PSC.
El Gobierno rápidamente aclaró que no iba a ser un traspaso –algo que el propio Ejecutivo considera inconstitucional por ser la inmigración una competencia estatal–, sino una delegación. Junts, no obstante, ha reclamado en todo momento una gestión «integral» de la inmigración, con una consigna que le permite competir con el ascenso de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. La derecha catalana independentista ha lanzado un comunicado de prensa a las 8:17, en catalán, y diez minutos después, el PSOE ha enviado el suyo propio, de idéntico contenido, pero traducido al español. En ambos se recoge por escrito que esta delegación permitirá a Cataluña desarrollar «un modelo propio, una política integral», dado que las instituciones catalanas tendrán una posición «determinante» en todas las fases de la relación con el inmigrante.
De nuevo, en un asunto sensible que puede despertar dudas jurídicas, el PSOE opta por registrar una proposición de ley, que viene de los grupos parlamentarios, y no un proyecto de ley, que, además de partir del Gobierno, debe contar con informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado. El Ministerio del Interior había reiterado por activa y por pasiva que Cataluña no podía tener control sobre el flujo migratorio ni decidir sobre las expulsiones de inmigrantes y, con este acuerdo, la Policía autonómica estará en las fronteras y podrá ejecutar las llamadas devoluciones en caliente –con las que los socialistas querían terminar no hace tanto tiempo– sin tutela alguna de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La proposición de ley, registrada de manera conjunta con Junts, pero cuyo texto íntegro aún no han dado a conocer ninguno de los dos partidos, se titula de delegación de competencias en materia de inmigración. Al ser orgánica, requerirá de la mayoría absoluta del Congreso para salir adelante, por lo que, quitando Coalición Canaria y el BNG, que solo tienen un diputado cada uno, no puede descolgarse ninguno de los socios habituales del Gobierno de PSOE y Sumar.
Los Mossos d’Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas «en cooperación» con Policía Nacional y Guardia Civil, y estarán en las fronteras, de nuevo, «en cooperación» con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cataluña, asimismo, se hará cargo de las devoluciones de extranjeros que tengan prohibida la entrada a España y también ejecutará las expulsiones que no requieran expediente. Además, en los casos que sí lo necesiten, se tomará en consideración la propuesta de la Generalitat previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña; el órgano de coordinación entre la seguridad estatal y la autonómica.
Cataluña también gestionará «integralmente» los CIE, lo que puede suponer la antesala de la voluntad de Junts de no acoger a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. En este último asunto, el Gobierno y el Ejecutivo canario pactaron hace semanas unos criterios para el reparto entre los que figuraba el esfuerzo previo, en un claro intento de satisfacer a Cataluña y al País Vasco, pero aún sigue sin decidirse la ponderación de cada uno, lo que es clave para determinar cuántos menores le corresponde acoger a cada comunidad autónoma.
Además, Cataluña ejercerá de «ventanilla única» para las solicitudes de estancia de larga duración, incluida la expedición del documento de identidad de extranjeros (NIE); se procederá al aumento de efectivos de los Mossos d’Esquadra, desde los 1.800 actuales hasta alcanzar los 26.800 agentes; la comunidad autónoma, junto a sus empresas y sindicatos, determinará los perfiles de trabajadores contratados en origen; y los Mossos serán quienes ostenten «la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos». El Estado, eso sí, «transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para que Cataluña pueda asumir esas competencias delegadas. Por último, para los permisos de residencia será necesario acreditar un nivel mínimo de catalán.