Partido Socialista y Junts per Catalunya han registrado, esta mañana de martes, en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para delegar las competencias en inmigración a Catalunya, un acuerdo que habían alcanzado hace meses, pero cuyos términos han comportado una extensa negociación. El punto clave era el control migratorio y la presencia de los Mossos d’Esquadra en la frontera. Finalmente, se ejercerá una gestión coordinada con la Policía Nacional.

En concreto, lo que dice ese punto del pacto es lo siguiente: “Los Mossos de Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Según reza el acuerdo, Catalunya también gestionará “las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada”. Para ello, continúa, los Mossos “estarán en frontera y actuarán al objeto de cumplir con las competencias de esta ley”, aunque “siempre en coordinación” con Interior. Para ello, se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos. Se alcanzará, por lo tanto, la cifra total de 26.800 agentes.

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De hecho, el Govern tendrá unos poderes muy extensos en la expulsión de personas migrantes de Catalunya, toda vez que “instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente”, mientras que sí requieran expediente “se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya”.

El texto acordado también especifica que “Catalunya se configura como «ventanilla única», en su territorio, de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español”.

Por otro lado, Catalunya gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros y los Mossos “ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos”. También en lo referene a las Contrataciones en Origen, Catalunya será quien determine, de la mano de sus empresas y sindicatos, “los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras”.

También se especifica en el acuerdo que, en materia lingüística, “se aplicarán las previsiones de la legislación vigente al ejercicio de las competencias delegadas” y que “el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya ejerza la competencia que se le delega”. No concreta ni la forma como se hará ni la cantidad de recursos que se transferirán a Catalunya.

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El objetivo final del acuerdo es el que perseguía Junts desde un principio: “desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración, las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español”.

Necesaria una mayoría absoluta
De todos modos, en este momento, la proposición de ley solo ha sido registrada en el Congreso y, por lo tanto, se encuentra en el principio de su tramitación parlamentaria. Primero, la Cámara Baja tendrá que admitirla a trámite y, posteriormente, someterse al proceso de enmiendas y a la aprobación final. Al tratarse de una ley orgánica, necesita una mayoría absoluta.

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En el caso de que la obtenga —sería suficiente con el voto favorable del bloque de investidura—, es previsible que salga rechazada del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En ese caso, la norma volvería al Congreso para recibir una aprobación definitiva. Es cierto, en cualquier caso, que el proceso parlamentario es solo el primer escollo al que se enfrentará la ley, toda vez que es de esperar que el PP active otros mecanismos como los recursos de inconstitucionalidad.