El viaje de la vicepresidenta Fernández de la Vega ayer a Helsinki y hoy a Bruselas para pedir ayuda frente a la avalancha de inmigrantes no ofrece grandes perspectivas, pese a las razones que apoyan la demanda española: la inmigración ilegal no es un problema español porque muchos de quienes ingresan irregularmente en nuestro país se aprovecharán de la libre circulación de personas en el seno de la UE y acabarán residiendo en otros países. Pero el Gobierno de Zapatero es rehén de su propia política, de la regularización masiva de inmigrantes desaconsejada por Bruselas, que ahora le pasa factura.