Una pequeña pala retroexcavadora derribó esta mañana las chabolas del cortijo El Uno, en San Isidro (Níjar), donde hasta unas horas antes vivían 60 personas (entre jornaleros y sus familias) que trabajan en los invernaderos del entorno. Cuando llegó hasta la finca la comisión judicial, acompañada de una veintena de agentes (guardias civiles y policías locales), muchos de los residentes habían abandonado ya las que habían sido sus viviendas y quedaban en torno a una veintena de moradores.

Según testigos del desalojo, no hubo resistencia aunque sí se oyeron las protestas de varios activistas de las ONG que han acompañado en los últimos días a las familias, todas marroquíes, y han intentado, hasta el último momento, frenar el lanzamiento ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Almería tras la reclamación ante la Justicia realizada por los propietarios del terreno.

Ni siquiera el llamamiento del Defensor del Pueblo Andaluz ha servido para que las administraciones se comprometieran a la búsqueda de alternativas de vivienda para los desalojados. Jesús Maeztu se dirigió el lunes al Ayuntamiento de Níjar para pedirle que buscara algún tipo de solución para todas estas personas y, muy especialmente, para los menores de edad que las acompañan. Advirtió de que se trata de “familias de extrema vulnerabilidad”.

El Ayuntamiento de Níjar había declinado intervenir con el argumento de que se trata de una finca privada y de un conflicto entre particulares. Pero, tras el derribo, han sido operarios y máquinas de los servicios municipales los que han realizado el desescombro del terreno, según cuenta a EL MUNDO José García, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la provincia y miembro de la Plataforma Derecho a Techo que, junto con al Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Almería, habían dado la voz de alarma en las últimas semanas sobre lo que consideran un “atropello” a los derechos de los jornaleros.

Dado que las administraciones no han ofrecido ninguna alternativa, algunas las familias se han realojado con compatriotas, hacinándose en otras viviendas precarias y, en muchos casos, acabarán levantando otras chabolas en otros emplazamientos, porque el problema no desaparece con los derribos. “Contra las chabolas estamos todos. También quienes viven en ellas. Lo que ocurre es que quienes tienen los medios y los presupuestos no ofrecen soluciones para hacer más digna la vida de estos trabajadores, muchos de los cuales se emplean en las empresas que luego venderán sus productos por Europa con la marca ‘bio’ de la sostenibilidad ambiental y social”, subraya el portavoz del SAT en declaraciones a EL MUNDO.

Uno de los jornaleros, a las puertas de una de las naves que conforman el cortijo.
Uno de los jornaleros, a las puertas de una de las naves que conforman el cortijo.CARLOS BARBAEFE
José García apela, precisamente, a la responsabilidad de la patronal, que se comprometió, hace ya 25 años, cuando los sucesos xenófobos de El Ejido, a construir vivienda para ofrecer un entorno vital digno a quienes contribuyen con su mano de obra a sostener la agroindustria en la comarca. Y recuerda que los consumidores europeos, a los que va destinado en buena medida lo que se produce en los invernaderos y en la industria de transformación, son muy exigentes con los estándares sociales y ambientales. Entre las familias desalojadas había nueve menores de edad, el más pequeño de ellos de año y medio. Son niños escolarizados y preocupa su destino en las próximas semanas.

El director de la delegación en Almería del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Daniel Izuzquiza, describe a la agencia Efe la sensación de “decepción y de impotencia” que ha dejado la intervención: “La gente está nerviosa, desgarrada, con mucha incertidumbre, sin saber dónde va”. “Los únicos que tenían un poco de hueco son los de Almería Acoge, que cuentan con unas ocho plazas. Nosotros también estamos viendo si podemos alojar a una o dos personas, de las que están en situación más frágil”, añade.

Níjar es unos los municipios con más concentración de asentamientos de estas características en Almería, donde el trabajo en los invernaderos atrae y da empleo a miles de inmigrantes, la mayoría procedentes de África. Un estudio realizado por la ONG Andalucía Acoge, elaborado con datos de 2022, cifraba en 42 el número de asentamientos, con hasta 1.200 personas viviendo de forma más o menos regular en ellos. La Plataforma Derecho a Techo calcula que hay entre 3.000 y 4.000 jornaleros viviendo en condiciones muy precarias en la comarca.
En 2023 se desalojó uno de esos poblados, el conocido como Walili, que contaba entonces con unas 500 personas. Allí sí hubo un trabajo previo para buscar una alternativa de vivienda para los residentes, aunque no siempre se resolvió de forma satisfactoria. De hecho, se construyó una residencia municipal con 62 apartamentos, de unos 30 metros cuadrados cada uno, destinados al realojo de temporeros extranjeros, pero aún hoy continúa vacía, pendiente de que se resuelve cómo gestionarlo.

La localidad tiene su principal núcleo de población en el interior, pero su término se extiende hasta la costa, donde se encuentra el núcleo de San José, que vive casi exclusivamente del turismo gracias a las playas del Cabo de Gata. Tierra adentro, el municipio acoge más de un 60% de la extensa superficie de invernaderos de la provincia, un sector puntero en la economía de Almería. En las elecciones del 2023, el PP y el PSOE empataron a 10 concejales y Vox (un concejal) dio su apoyo al popular José Francisco Garrido, que asumió la Alcaldía.