Esta mañana se ha procedido al desalojo de cerca de 60 personas de origen extranjero, entre ellas varios menores de edad y mujeres, en una finca privada situada en el paraje Los Bojares de Níjar (Almería). Un juzgado ha ordenado desmantelar este poblado chabolista denominado Cortijo El Uno para devolver los terrenos a sus propietarios.

La situación ha puesto en coordinación hasta una decena de organizaciones y ONG que trabajan para buscar alternativas y recursos con los que asistir a quienes «se quedan en la calle» ante la respuesta hallada en las administraciones. En este sentido, se han producido varias reuniones en las últimas semanas por parte de los representantes de Cruz Roja, Médicos del Mundo, Cepaim, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) y Almería Acoge, entre otras, con el objetivo de dar respuesta a los afectados por el desalojo aunque sin hallar «alternativas claras» por parte de las instituciones.

«Las administraciones no pueden ser ajenas a esto», ha considerado el presidente de Almería Acoge, Juan Miralles, quien ha lamentado la «exasperante lentitud» de las instituciones para poner en marcha incluso sus propias iniciativas de cara a facilitar unas viviendas temporales que aún «no están listas» para su uso. Desde las organizaciones se ha conseguido, mediante sus propios medios, brindar algunas alternativas a los desahuciados, de manera que a ocho de ellos les ha buscado un alojamiento toda vez que una de las familias afectadas ha optado por desplazarse a una vivienda en Murcia.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha dirigido un escrito al alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, en el que le recuerda el deber de adoptar «con carácter urgente y preferente» medidas para valorar la situación de vulnerabilidad de las personas desalojadas. En su resolución emitida este mismo lunes, la Oficina del Defensor realiza esta recomendación y pide al primer edil que preste «especial consideración» a las situaciones de «especial vulnerabilidad como puede ser las familias en las que se encuentran menores a cargo».

Por su parte, el Secretariado diocesano para las Migraciones (Sedim) ha criticado la «falta de sensibilidad» ante la ausencia de respuesta mostrada por las administraciones públicas en el desahucio de las chabolas del cortijo El Uno ante la ausencia de soluciones habitacionales. Desde la entidad han trasladado su «sorpresa» e «indignación» ante esta circunstancia y la inactividad de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Níjar para dar cobertura a las personas afectadas, toda vez que han recordado que «todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».