El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que la comunidad autónoma ha decidido ampliar la declaración de la emergencia por la situación de los menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago al encontrarse los centros al 123% de ocupación, con unos 5.860 jóvenes acogidos.

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Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que esta declaración se llevó a cabo en el mes de agosto del año 2023 debido a la presión existente en aquel entones.

“Ahora mismo los centros están a un 123% de ocupación. Estamos hablando de 5.860 menores migrantes y hemos llegado incluso a tener un pico del 160% ocupación”, observó el portavoz, que apuntó la ampliación de la emergencia permite una mayor agilidad administrativa y que los centros sigan abiertos ante la continua llegada de chicos jóvenes menores de 18 años a las costas.

En este sentido, Cabello hizo especial hincapié en que toda esta situación se está prolongando en el tiempo ante la ausencia de “respuesta” por parte del Estado para llevar a cabo el reparto de unos 4.400 menores (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta) entre las diferentes autonomías. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre el rechazo del PP, socio de Gobierno en Canarias, a que se realice ese reparto o a que se modifique la Ley de Extranjería.

“Canarias sigue dando la cara y el Estado sigue sin responder a Canarias y a la emergencia humanitaria que estamos viviendo. Esa es la situación en la que nos encontramos”, ha dicho, sin hacer mención al PP, que es quien impidió, junto a Juts y Vox, que se admitiera siquiera a trámite la reforma de la Ley y quien rechazó el nuevo acuerdo para el traslado puntual de 4.000 menores a la Península antes incluso de conocer el contenido del pacto.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Cabello, sin embargo, insistió en que los centros de atención a estos menores están “totalmente colapsados y desbordados” en las islas y con unos profesionales en el ámbito del salvamento marítimo “pidiendo ayuda”. “Y, mientras tanto, seguimos sin respuesta por parte del Gobierno del Estado”, concluyó.

Hay que recordar que la atención a los menores migrantes que llegan solos a las islas es exclusivamente competencia de la comunidad autónoma.