La Fiscalía Europea asume el caso Siglo XXI, que investiga la desviación de fondos dedicados a la atención de menores migrantes en Canarias. Anticorrupción denunció en 2023 indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de la Fundación Siglo XXI. La entidad recibió 12 millones de dinero público entre 2021 y 2023, pero parte de este dinero acabó en tratamientos de belleza, viagra y hoteles de lujo.

Caso Siglo XXI: el descontrol contable en los centros de menores "hace imposible cuantificar al detalle” la presunta malversación

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria trasladó el caso al tribunal europeo ya que cerca de dos millones de euros recibidos por la Fundación procedían de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

El auto emitido por el Juzgado el pasado 12 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico recoge que las diligencias practicadas hasta el momento evidencian que las personas investigadas manejaron fondos públicos en beneficio propio “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos que no hayan realizado un cabal control y seguimiento de la aplicación del gasto’’.

Entre 2019 y 2022, la Consejería de Derechos Sociales adjudicó diferentes contratos a la Fundación Siglo XXI por la vía de emergencia. El propósito era hacer frente al aumento de llegadas de niños y adolescentes a través de la ruta migratoria hacia Canarias. Los centros investigados son Puerto Bello, Guiniguada y Acorán, en Gran Canaria, y Yaiza y La Santa, en Lanzarote.

En concreto, la Justicia comenzó a investigar a cuatro directores de centros en Gran Canaria y otros dos de Lanzarote. Una de las querelladas por Anticorrupción fue María de los Ángeles Barroso, directora del recurso Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2020 y 2021. Entonces era también vicesecretaria y tesorera de Vox en la provincia de Las Palmas. Durante su periodo como responsable del dispositivo, un grupo de trabajadores se quejó del trato dispensado por Barroso a los menores y de sus comentarios racistas.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, liderada entonces por Podemos, defendió en ese momento que el centro funcionaba de forma correcta y que Barroso era una profesional ‘’respetada en el mundo del menor’’.

Las claves del ‘caso Siglo XXI’: cómo el dinero para menores migrantes acabó en viagra, sesiones de belleza y restaurantes

Esta Fundación ya había estado antes en el ojo del huracán por supuestos casos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en sus centros de Gran Canaria. La entidad se ha defendido alegando que es “parte activa y colaboradora” en la investigación que inició la Fiscalía, entregando 24.709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados.