EFE
Las Palmas de Gran Canaria

El gobierno canario exigirá al Gobierno “una actuación mucho más eficaz y contundente” para atajar el incremento de la inmigración irregular en cayucos, que ofrezca “avances claros y nítidos, no como hasta ahora”, frente a la “política errática” que ha desarrollado en la materia.

Así se recoge en una comunicación dirigida al Ejecutivo que aprobó hoy el Consejo de Gobierno autonómico en la primera reunión que celebró tras su periodo de vacaciones, en la que acordó pronunciarse sobre la situación del problema de la inmigración después de haber transcurrido “un plazo” desde la última entrevista entre los presidentes regional y estatal sin observar resultados.

Esa posición del Ejecutivo fue dada a conocer al término de la reunión por su portavoz, Miguel Becerra, quien, desde la opinión de que la acción del Gobierno en materia de inmigración hasta ahora ha consistido en “poner parches”, advirtió de que “los gestos de cara a la galería no le sirven a Canarias” en la situación actual.

Y es que el Gobierno, ante el aumento de las llegadas de inmigrantes en cayucos registrado desde la primavera, “había anunciado una serie de medidas y hemos visto que, transcurridos los meses, no ha habido ningún resultado”, sentenció Becerra.

Añadió que, en esta cuestión, que es “uno de los problemas principales que no atañe exclusivamente a los canarios, que lo sufrimos en primera línea, sino que es un problema que afecta muy directamente al conjunto de los españoles”, “el Estado es responsable, y el Estado y Europa tienen que buscar soluciones efectivas, a corto, a medio y a largo plazo”.

Algo que no se ha hecho hasta ahora porque el Gobierno “no toma conciencia de la gravedad del problema al que nos enfrentamos”, opinó el portavoz autonómico.

Como prueba de ello, señaló que, mientras “el Gobierno de Canarias ha hecho un seguimiento exhaustivo y diario de todo lo que ha acontecido durante todo este mes de agosto”, cuando se han batido récords de llegadas de inmigrantes por mar, “esto no ha ocurrido igual en todos los ámbitos, ni en el Estado ni en la propia UE”.

Esa posición no es de recibo, según Becerra, en la medida en que el problema “es de tal envergadura que requiere, de verdad, un pacto de Estado”.

“Ni el Partido Popular, cuando gobernaba, ni el PSOE, en estos momentos, cuando gobierna, han querido pactar y hacer una política seria y coherente con la que practican nuestros países vecinos, inmediatos, con una mayor tradición en materia inmigratoria”, añadió.

El resultado es que, “lejos de mejorar o estabilizarse los flujos, la situación está empeorando, con una nueva dimensión: el conflicto territorial que provocan las derivaciones” a otras comunidades cuando la cifra de inmigrantes excede la capacidad de acogida de Canarias.

Por ello, afirmó que desde el Estado “debe haber un calendario claro, un equipo de trabajo definido, que permita anticiparse a los acontecimientos”, así como “una acción exterior y presencia continuada, no esporádica y a impulsos”, en los contactos con los países de origen de inmigrantes para potenciar el control de sus salidas.

Al tiempo, insistió en el parecer del gobierno canario sobre “la necesidad de modernizar la normativa que lo regula (el flujo migratorio), que se concreta en la Ley de Extranjería y la Ley del Menor, para dar una respuesta más adecuada al fenómeno que estamos viviendo”.

Las propuestas y opiniones del Gobierno de Canarias sobre el problema de la inmigración irregular se tratarán en un debate del Parlamento regional la semana próxima, avanzó Becerra.