Detenidos en Alcalá del Río por explotación abusiva de inmigrantes de un centro de acogida en tareas agrícolas
Los perjudicados manifestaron aceptar las condiciones laborales impuestas por la necesidad de tener que enviar dinero a sus familiares de Senegal, que dependen económicamente de ellos
El Diario, , 14-02-2025La Guardia Civil de Sevilla ha procedido a la detención de dos personas y a la investigación de un tercero por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, así como a la investigación del propietario de una explotación agrícola al haber declarado como testigo y faltar a la verdad en su testimonio.
La investigación del Equipo Roca 10 comenzó el pasado mes de mayo de 2023, cuando responsables del sector agrario de Andalucía de un sindicato pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que varias personas habrían trabajado en una explotación agrícola de la localidad de Alcalá del Río (Sevilla) sin recibir remuneración económica alguna.
Con el fin de verificar los hechos, los agentes se entrevistaron con los perjudicados, siendo todos ellos de nacionalidad senegalesa y residentes en un centro de acogida de inmigrantes gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Tras realizar las indagaciones oportunas, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el pasado mes de enero de 2024, los perjudicados habían sido captados por una pareja de nacionalidad nicaragüense para trabajar en la recolección de frutos del campo en varias explotaciones agrícolas de la provincia de Sevilla.
Esta pareja, que hacía las funciones de manijeros y que igualmente se encuentran en situación irregular en el país, se aprovechaba de la vulnerabilidad de los perjudicados por encontrarse residiendo en España sin autorización legal y sin permiso para poder trabajar, para imponerles unas condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos por disposiciones legales y convenios colectivos.
Los sospechosos les obligaban a efectuar largas jornadas de trabajo, sin descanso y en condiciones abusivas, por las que percibían salarios muy por debajo de lo estipulado, llegando a contraer una deuda económica con sus trabajadores de más de 7.000 euros.
Los perjudicados manifestaron aceptar las condiciones laborales que les eran impuestas debido a la situación de necesidad de tener que enviar dinero a sus familiares que residen en Senegal y que dependen económicamente de ellos.
En la misma operación ha sido investigado un empresario del sector agrícola, de nacionalidad española y afincado en la localidad de Brenes, quien supuestamente, siendo conocedor de la situación de necesidad de las víctimas y a sabiendas de que no tenían autorización de trabajo en España por encontrarse en situación irregular, los contrató a través de los manijeros de nacionalidad nicaragüense para trabajar en varias explotaciones agrícolas.
Igualmente, el empresario no cumplía con la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, obteniendo con ello mayores beneficios económicos con el ahorro del pago de dichas cuotas, suponiendo un grave detrimento en los derechos de sus trabajadores, como no poder disfrutar de la asistencia sanitaria, derecho a prestaciones de enfermedad o prestaciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Se da la circunstancia de que una de las víctimas sufrió un accidente laboral que le imposibilitó continuar con la jornada laboral. Los investigados, que le negaron asistencia médica, le instaron a continuar trabajando bajo el apercibimiento de que no cobraría por el día trabajado.
El perjudicado únicamente pudo ser asistido por las lesiones sufridas cuando sus compañeros finalizaron la jornada laboral y los manijeros los trasladaron al centro de acogida donde residen, siendo los trabajadores del citado centro quienes le trasladaron al servicio de urgencia más próximo.
La investigación fue iniciada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Rinconada, el Equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Comandancia de Sevilla e Inspección de Trabajo. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición del juzgado en funciones de guardia de Sevilla.
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