Las mafias de la ruta secundaria de la inmigración podrían verse beneficiadas por la cesión de competencias a los Mossos d’Esquadra, según aseguran fuentes policiales a LA RAZÓN. El reciente Pacto Migratorio de la Unión Europea hizo hincapié en esta circunstancia ya que muchos de los solicitantes de asilo cruzan la frontera de España hasta Italia y Francia pasando por Cataluña.
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La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional trabajan, en la actualidad, como los únicos encargados del control de los flujos migratorios. Estos expertos policiales son los representantes españoles que participan en las reuniones con Europol e Interpol donde se ofrecen las consignas de la realidades europeas de las mafias de la trata de personas. Una especialización que supone años de aprendizaje, según resaltan fuentes policiales.
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Lecciones del CIS

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Precisamente, el año pasado se aprobó después de más de un lustro de negociaciones el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. Un acuerdo comunitario que pone de relieve el control estatal de las fronteras. “La cesión de competencias en Cataluña va en dirección opuesta a este reglamento”, lamentan estas fuentes.
Las rutas secundarias

Y es que esta normativa europea solicita reforzar los controles en los desplazamientos secundarios de los solicitantes de asilo. Los agentes de Extranjería llevan años detectando que las personas que acceden a España piden la condición de refugiados pero en realidad después viajan hasta otros puntos de Francia o Italia, donde están sus familiares.

La Policía Nacional ha detectado que estos casos se generan principalmente en los cayucos que llegan a Canarias y a la Península. Los ocupantes solicitan esta condición. Pasan un tiempo en España y después se trasladan por la ruta de Cataluña hasta otros países. Este es el punto caliente que vigilan desde Extranjería.
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Por este motivo, las autoridades han exigido, principalmente a España, que vigilen estos movimientos. “Quiere consolidar las policías estatales y más en nuestro país que es la frontera de la Unión Europea”, resaltan.

Los agentes de la Unidad Central de Fronteras son los que tienen el cometido de custodiar el perímetro de la Península. También la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) son los que investigan a estas organizaciones criminales.
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Para ello, en los últimos tiempos se ha reforzado las medidas tecnológicas para hacer frente a esta nueva dinámica. Los especialistas tienen en su mano un novedoso sistema biométrico de huellas para poder identificar a estos sujetos.

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Estos efectivos cuentan con toda la coordinación disponible para aunar fuerzas y resistir a la presión migratoria. Una cuestión que saldría dañada en caso de que los Mossos asuman estas competencias. “Debilitaría el control y podría provocar una succión inasumible de gente”, advierten.

Las fuentes consultadas reconocen que la policía catalana si tiene representantes en elCentro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) como colaboradores. No tienen capacidad operativa, subrayan.

La posible cesión de competencias a los Mossos se desarrollaría en un marco internacional complejo donde nuestros vecinos franceses han incrementado la vigilancia de sus fronteras debido a su nivel de alerta antiterrorista. El denominado espacio Schengen lo tienen muy restringido.

Años de aprendizaje

Y por si fuera poco a todos estos problemas, los agentes de la policía autonómica tendrían que realizar un periodo de aprendizaje que lleva varios años para cumplir sus funciones. Estas fuentes detallan que en el caso de que se lleve a cabo se podrían repetir las imágenes de patrullas mixtas de Mossos y Policía Nacional, una circunstancia que ya se dio cuando obtuvieron las labores relacionadas con la seguridad ciudadana.

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Sobre este asunto, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha elaborado un informe que pone en duda la legalidad de la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. El documento resalta que en caso de que se lleve a cabo esta medida se podría incumplir la normativa nacional y europea, según el texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El archivo, que consta de más de una veintena de páginas, destaca que transferir estas competencias a Cataluña es un proceso que implica “desafíos legales y constitucionales significativos”. El Tribunal Constitucional, en las sentencias 31/2010 y 137/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, afirmó que sería “claramente inconstitucional” atribuir competencias de inmigración a una comunidad autónoma.